El Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió ordenar a todas las fuerzas policiales y de seguridad federales que propongan a los jueces intervinientes la realización de investigaciones patrimoniales y financieras simultáneas a las medidas de prueba habituales en causas vinculadas a la criminalidad organizada, abarcando delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento.
La medida fue adoptada a través de la una resolución firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y tiene como eje el fortalecimiento del abordaje patrimonial frente a las estructuras delictivas que operan en el país.
“El objetivo es claro: seguir la ruta del dinero desde el inicio mismo de la investigación penal, a fin de facilitar la identificación y eventual recuperación de bienes de origen ilícito”, explicaron fuentes del caso consultadas por Infobae.
El texto oficial instruye específicamente a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal a que, en casos de delitos complejos y organizados, propongan al Poder Judicial medidas financieras y patrimoniales en paralelo a las investigaciones penales ordinarias, con foco en el universo de personas involucradas en el expediente.
Además, se establece la obligación de que estas fuerzas informen mensualmente al Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, la cantidad de investigaciones patrimoniales y financieras realizadas, con fines estadísticos y de seguimiento institucional.
Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio recordó que “tiene competencia para conducir la formulación de políticas de seguridad, elaborar doctrina, definir planes operativos y coordinar acciones con las fuerzas federales”.
A su vez, se remarcó que cada una de estas fuerzas ya posee atribuciones legales para actuar en su respectivo ámbito jurisdiccional, conforme a las leyes orgánicas que las regulan.
El Ministerio también citó las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de recuperación de activos de origen delictivo, como las contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención contra la Corrupción y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, entre otras.
En esa línea, se tuvo en cuenta el contenido del Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que identifica como un punto débil del sistema argentino la escasa implementación de investigaciones patrimoniales paralelas en las causas de delito precedente.
Según el organismo internacional, es necesario que las Autoridades de Orden Público fortalezcan su capacidad para detectar y reportar operaciones financieras sospechosas desde el inicio de las actuaciones judiciales, en colaboración con organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
El documento también retoma lo dispuesto por la Procuración General de la Nación, que ordena a los fiscales promover en forma paralela las investigaciones patrimoniales en delitos vinculados a economías ilegales, incluyendo corrupción, narcotráfico, evasión tributaria, contrabando y lavado de dinero. En ese sentido, se indica que las fuerzas federales pueden colaborar mediante la generación de perfiles patrimoniales y la producción de inteligencia financiera.
La resolución se dictó bajo el argumento de que el crimen organizado y el delito económico requieren estrategias integrales, que permitan desarticular no sólo a los responsables directos de los hechos, sino también a las estructuras de financiamiento que los sostienen.
En palabras del texto oficial, se busca “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación”, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación y el Federal.
El texto, publicado en el Boletín Oficial este lunes, recuerda que esta iniciativa se inscribe en el marco de una política criminal más amplia orientada a impactar financieramente sobre las organizaciones ilícitas y acompañar los procesos penales con herramientas que permitan el decomiso y recuperación de bienes provenientes de actividades delictivas.
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