Procesaron a seis miembros de la Armada por atacar físicamente a una militar durante un entrenamiento

La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por el ataque a Brisa Páez, la Marinera Segundo de Tropa Voluntaria que sufrió graves lesiones por parte de sus superiores durante un adiestramiento desarrollado el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López. Como consecuencia del ataque, la denunciante, de 21 años, debió permanecer dos semanas internada en terapia intensiva, y en coma inducido.

En la resolución, la jueza Arroyo Salgado fue en línea con lo planteado por los fiscales federales Federico Iuspa y Mariela Labozzetta, -titulares de la Fiscalía Federal N.º 1 de San Isidro y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), respectivamente- quienes habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporaran elementos de violencia de género presentes en el caso.

Asimismo, la magistrada resolvió que existen pruebas en el expediente que dan cuenta de que la joven, efectivamente, fue víctima de un ataque físico por parte de sus superiores.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, los seis imputados “ejercieron un nivel de agresividad superior al previsto en el Reglamento de Seguridad de la Armada, así como al nivel de conocimiento que el cargo de la víctima exigía (nivel mínimo), generando una situación de violencia excesiva”.

Según fuentes oficiales,esa situación derivó en que uno de los acusados, ex pareja de la víctima, fuera procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo un vínculo sentimental, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En este caso particular, la magistrada verificó que el imputado había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera –entre ellos, una patada voladora hacia el cuerpo de la víctima–, con el componente adicional de la relación previa que había mantenido con ella.

Por su parte, los otros cinco miembros de la Armada implicados por participar del operativo fueron procesados -sin prisión preventiva- por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y en uno de los casos, se sumó la calificación por el delito de lesiones culposas respecto de quien ejercía la supervisión directa.

Entre las medidas dispuestas para los procesados, la doctora Arroyo Salgado ordenó la prohibición de contacto con la víctima por sí ni por terceros y por cualquier medio físico, telefónico y/o virtual.

A su vez, la jueza libró oficio al Ministerio de Defensa y al presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Honorable Senado de la Nación Argentina, con el fin de informar los graves hechos investigados en los que se encontraban comprometidos derechos fundamentales en el contexto de “evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género”, por parte de superiores jerárquicos; que “reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”, según resolvió la magistrada.

El caso

A principios de abril, una joven militar de la Armada Argentina fue internada de gravedad en el Hospital Militar Central del barrio porteño de Belgrano, luego de haber sufrido un golpe en la cabeza durante un entrenamiento. En consecuencia, se abrió una investigación por lesiones para esclarecer lo ocurrido y en las últimas horas, se confirmó la detención de ocho superiores.

Todo ocurrió el pasado 4 de abril, cuando la marinera Páez resultó gravemente herida tras haber participado de un ejercicio de instrucción antidisturbios brindado en la jurisdicción naval de Vicente López. Según confirmaron las fuentes del caso a Infobae, uno de los instructores habría golpeado el escudo que utilizaba la víctima y habría provocado que se cayera de espaldas.

A pesar de que confirmaron que la uniformada tenía un casco de protección, esto no habría evitado que se golpeara la cabeza contra el suelo. Asimismo, los testigos del hecho aseguraron que la joven no habría recibido ningún tipo de asistencia, pese a que demoró varios minutos en reincorporarse.

De hecho, señalaron que el entrenamiento habría seguido su curso, mientras la militar habría continuado desplomada. Luego de que pudiera levantarse, Páez aseguró se sentía mal, debido a un fuerte dolor en la cabeza. Sin embargo, siempre en siguiendo el relato de los testigos, no habría sido asistida hasta que la derivaron hacia la enfermería de la base, ya que los síntomas persistían.

Después de haber recibido atención primaria, los médicos le recetaron un calmante y le colocaron un cuello inmovilizante. Además, se ordenó que fuera derivada hacia el hospital de Campo de Mayo, en donde el cuadro se agravó, debido a que la joven alertó que tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada.

La situación empeoró aún más, cuando la uniformada sufrió una convulsión que derivó en que le realizaran estudios de imágenes de urgencia y la trasladaran definitivamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar Central. Frente a la gravedad de su cuadro, Páez fue inducida a un coma farmacológico para evitar la prolongación de las convulsiones.

Las lesiones sufridas por la militar motivaron a que la Justicia abriera una causa judicial, que quedó a cargo de la jueza federal Arroyo Salgado. La magistrada dispuso la detención de ocho personas que se encontraban involucrados en la práctica: desde el instructor acusado de presuntamente haber empujado a la marinera hasta el suboficial que había quedado a cargo del ejercicio.

En paralelo, la Armada inició una investigación interna, que se lleva a cabo en cumplimiento del reglamento de procedimientos navales establecido desde 1997 en el marco de las disposiciones del artículo 28 de la Ley de Seguridad Interior, que otorga a las fuerzas armadas el poder de policía en sus instalaciones.

En el sumario, las autoridades determinarán las sanciones que corresponderían a cada uno de los suboficiales detenidos por el caso. Se prevé que las penas sean severas, con sanciones que podrían ir desde graves hasta muy graves según el código de disciplina militar.

Incluso, fuentes oficiales anticiparon que los miembros directamente involucrados en el incidente serían dados de baja, mientras que se exigiría el retiro obligatorio al personal de mayor antigüedad que también desempeñó roles dentro del ejercicio.