La misteriosa desaparición de Rosmery en Salta: del falso relato a la investigación de un femicidio

Este lunes se cumplirán dos meses desde que Rosmery Aramayo Torres fue vista por última vez. El 17 de enero, salió de su casa en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza, provincia de Salta, junto a su pareja, José Eduardo Miranda, en una Ford Ranger roja con dirección a la Ruta Nacional Nº34. Nunca regresó. La denuncia inicial de Miranda apuntaba a un abandono voluntario, pero las pruebas y los testimonios recolectados por la fiscalía hicieron que esa versión se desplomara rápidamente. El caso pasó de una desaparición a una investigación por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Y a pesar de los distintos operativos de búsqueda y las múltiples versiones ofrecidas por el acusado, el paradero de Rosmery sigue siendo un misterio.

La mujer, de 52 años y nacionalidad boliviana, llevaba más de dos décadas de convivencia con Miranda, quien trabaja como mecánico y, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, solía gozar de buena reputación en el pueblo. La pareja tiene dos hijos en común: uno de 21 años y otro de 7. La mujer, además, es madre de otros dos hijos de una relación anterior.

Aquella mañana del viernes 17 de enero, Rosmery y Miranda salieron juntos de su casa alrededor de las 8. Pero luego el hombre volvió solo, cerca de las 15. Los hijos estaban en la vivienda y él les comentó que su madre se negó a regresar de Bolivia por decisión propia.

La víctima tiene una hija que vive en Tarija, ciudad del país vecino, a unos 400 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Esa hija, Kimberly Torres, hablaba todos los días con su madre, pero ese viernes no hubo ningún tipo de comunicación. Esa fue la primera señal de alerta para la familia de Rosmery, que se preocupó porque la mujer no aparecía.

Al día siguiente, Miranda se presentó en la comisaría de Salvador Mazza con la intención de dejar asentado que su pareja de tantos años había hecho abandono de hogar. Según su versión inicial a la policía, ambos habrían viajado a ciudad boliviana de Yacuiba por pasos no habilitados para realizar compras. El acusado relató que, mientras estaban sentados en un bar, Rosmery le habría dicho que quería terminar la relación porque tenía una nueva pareja. Miranda declaró que la mujer se retiró con un desconocido y que desde entonces no supo más de ella.

Sin embargo, la denuncia presentó inconsistencias desde el principio. Las cámaras de seguridad mostraron que la camioneta en la que se trasladaban Rosmery y Miranda tomó rumbo hacia el sur, en dirección a la Ruta Provincial Nº54, y no hacia Bolivia, como sostenía el acusado. Además, se identificó que el sospechoso regresó solo a la casa el mismo viernes y que lavó la camioneta poco después.

Estas pruebas, junto con testimonios de familiares que advirtieron comportamientos extraños en Miranda —como su intención de abandonar la localidad de manera repentina—, motivaron que el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputara al acusado por privación ilegítima de la libertad. Miranda fue arrestado ese mismo sábado. En la indagatoria optó por mantenerse en silencio.

El lunes siguiente, el 20 de enero, el detenido pidió declarar. Ante las autoridades, dio un relato completamente diferente. Según la nueva versión, ambos se habrían dirigido a un sector conocido como Pozo La Yegua, en unas aguadas por desborde del río Pilcomayo. Allí, supuestamente, se produjo un desmoronamiento de tierra y Rosmery cayó al agua. Miranda dijo que no intentó rescatarla porque no sabía nadar y que esperó en la orilla, pero que ella nunca volvió a salir.

Pero el relato tampoco coincidía con las pruebas recogidas por los investigadores, por lo que el caso fue derivado a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y fue recaratulado como femicidio.

El 27 de enero, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda en la zona señalada por Miranda. No fue una tarea fácil para los agentes por la dificultad del terreno y, sobre todo, porque el acusado orientó al equipo de búsqueda a una dirección contraria. Finalmente, fueron miembros de la comunidad local quienes guiaron a las autoridades hacia el verdadero Pozo La Yegua, donde se realizaron registros fotográficos y tareas de rastrillaje, aunque sin resultados positivos.

En los días posteriores hubo un operativo grande en zonas aledañas al camino que conduce al Rancho El Ñato, donde se desplegaron drones y equipos terrestres para inspeccionar un área de vegetación densa. Ese lugar despertó interés en las autoridades porque un testigo afirmó haber visto pasar la camioneta de Miranda el 17 de enero por esa ruta. Pero los rastrillajes nuevamente concluyeron sin rastros de la mujer.

El 1 de febrero, la investigación sumó un giro inesperado. José Alfredo Miranda, el mayor de los hijos de la pareja, fue detenido. La fiscalía sospechaba que el joven pudo haber ayudado a su padre en la desaparición de Rosmery, por lo que lo imputó por el mismo delito, en grado de partícipe primario. No obstante, días después fue liberado: el Juzgado de Garantías N°2 “le otorgó la libertad bajo medidas sustitutivas, aunque sigue vinculado a la causa”, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La búsqueda continuó y durante la jornada del 6 de febrero se produjo un hecho insólito en medio de un operativo que contaba con la colaboración de la Policía de Salta, la Policía Federal Argentina, el Ejército y la Subsecretaría de Defensa Civil: un comisario local que participaba de los rastrillajes se perdió en una zona de monte denso y vegetación seca, en el Chaco salteño. Los equipos activaron el protocolo de emergencia y lo buscaron con drones: con la ayuda de un baqueano lo hallaron recién un día después, en buen estado de salud.

También el 7 de febrero, perros especializados inspeccionaron la vivienda de la pareja y la camioneta de Miranda, sin lograr resultados positivos para la presencia de restos biológicos o humanos, según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta. Los operativos se repitieron en el camino hacia Rancho El Ñato, y en los últimos días también se inspeccionó una laguna en un puesto llamado El Chivil. Las tareas, otra vez, no arrojaron indicios sobre el paradero de Rosmery.

A lo largo de estos dos meses, familiares de Rosmery han realizado múltiples marchas en Salvador Mazza y en otras localidades para exigir respuestas y justicia. Kimberly aseguró en declaraciones públicas que un policía habría sido testigo de una supuesta confesión del crimen de Miranda mientras conversaba con José Alfredo. Pero como casi no mantiene relación con su hermanastro, no pudo interiorizarse mucho más. Mientras tanto, el hijo menor de 7 años de la pareja quedó bajo el cuidado de familiares del padre por decisión del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

En cuanto a Miranda, el próximo martes cumplirá 52 años. El acusado permanece detenido con prisión preventiva, en principio por un plazo de cuatro meses, que puede ser prorrogado por otros cuatro más. Como se dijo anteriormente, está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía también confirmó que existían antecedentes de violencia de género en la pareja, aunque evitó dar mayores detalles.

Así, más allá de los esfuerzos, el paradero de la mujer sigue siendo desconocido. La investigación es dirigida por los fiscales Gonzalo Vega, Pablo Cabot y Rafael Medina, con una unidad fiscal creada especialmente para este caso. Según pudo saber este medio, los investigadores están convencidos de que se trató de un crimen y que el móvil estaría relacionado con cuestiones económicas y patrimoniales entre la pareja. “Ella tenía propiedades y parece que él quería quedarse con ellas”, teorizó una voz cercana al expediente, que no duda del asesinato.