Los padres de Loan Danilo Peña (5), desaparecido en el paraje Algarrobal de Corrientes hace 100 días, sospecharon irregularidades en los abogados, psicólogos y supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. Ocupaban un lugar particularmente sensible: desde un hotel de la localidad de 9 de Julio rodeaban a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal el 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena. Ahora, están todos presos.
“Hubo una suerte de coacción romantizada, de influenciar a aquellos con los que tenían contacto bajo el falso influyo de ‘te lo pido porque estoy cuidando”, asegura una fuente clave del caso a Infobae.
Esa frase podría ser un resumen de lo que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, consideró dentro de los múltiples delitos por los que ordenó a la Policía Federal detener a tres abogados, un policía de la Ciudad y otras seis personas, entre ellos, uno que se hizo pasar por agente de Interpol.
Están acusados de delitos como atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado por la finalidad en concurso real con estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los tres menores que estuvieron en el naranjal.
Los acusados son el psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.
La Cámara Gesell a los menores, realizadas por orden la Justicia Federal, y la declaración de Macarena hicieron ver a los investigadores que algo no andaba bien en ese hotel y, sobre todo, con el manejo de los chicos.
Sin embargo, las sospechas comenzaron el 9 de julio pasado, cuando la Prefectura llegó al hotel “Despertar del Iberá”, donde operaba la Fundación Dupuy: allí estaba Camila, con su hija, y Macarena con sus hermanos menores de edad.
“Se encontró a una persona que afirmaba falsamente ser de Interpol y que actuó de manera agresiva y obstruyó el procedimiento”, reza un documento que figura en el expediente. Era Soria, alias “El Americano”, dedicado en los papeles al negocio del despacho de aduana, vecino de Wilde.
“Mostró un comportamiento agresivo y obstruyó a la Prefectura, estaba involucrado con la fundación y participó en actividades no autorizadas con los menores”, asegura un investigador. Incluso, el dueño del hotel pidió que deje el lugar.
Entonces, y según la solicitud también de la defensora de menores Rosana Marini, se notó que “operaban como integrantes de la fundación sin tener poder o autorización formal”. Las actividades con los chicos incluyeron una reconstrucción con un menor sin órdenes judiciales o fiscales.
También se detalla en la causa que recibieron pagos por más de 1.8 millón de pesos de parte de la Intendencia de 9 de Julio “que no correspondían con servicios autorizados”.
Por ejemplo, Colombo “se identificó como psicólogo, pero solo tenía licencia en su provincia”. Según la asesora de menores, Núñez dijo “haber dado apoyo moral y psicológico a menores a pesar de no tener un título habilitante”, misma situación que Machuca Juni.
Una de las preocupaciones más graves reportadas por la defensa pública fue que, bajo el amparo de una fundación sin su verdadera legalidad, realizaron reconstrucciones con menores, grabaron videos que los expusieron públicamente y cobraron por servicios no profesionales. Delfina Taborda, que se presentó como abogada de Camila, buscó instalar en diversas entrevistas hipótesis relacionadas con la trata de personas, que no se condecían con el expediente.
Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, buscó despegarse de los detenidos y aseguró a este medio no bien se dieron los arrestos que “nunca formaron parte” de la Fundación y que uno de los detenidos le había pedido usar el nombre de la organización y de su nieto asesinado. Qué buscaban los acusados, por qué estaban allí y a qué intereses respondían, por lo pronto, es un misterio.
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