Este martes, en un proceso judicial abreviado celebrado en los tribunales de Río Cuarto, los autores del homicidio de Alberto Cobos, primo de Toro Quevedo, enfrentaron severas sentencias como resultado del violento incidente ocurrido en mayo del año pasado en el barrio Las Lomitas de Oro de esa localidad cordobesa.
Maximiliano Flores de 20 años de edad y Enzo Luján de 21 años, admitieron su culpabilidad en el asesinato de Cobos (65) en la zona occidental de la ciudad sureña de Córdoba cuando despojaron al hombre de su motocicleta y le quitaron la vida a tiros.
Flores, identificado como el principal instigador del asalto y posterior homicidio para los investigadores, fue sentenciado a 15 años de prisión mientras que Luján, quien alegó en su momento que su intención era solo robar y desconocía que su cómplice estuviera armado, recibió una condena de 13 años y medio.
Según informó el portal el doce.tv, ambos condenados enfrentaron acusaciones por homicidio durante un robo agravado por el uso de un arma de fuego y en virtud de la naturaleza abreviada del juicio, las penas fueron pactadas entre la Fiscalía de Cámara y los abogados defensores de los acusados.
Sin embargo, se destaca que las sentencias impuestas a los delincuentes apenas superaron los mínimos establecidos en las directrices penales, según informaron fuentes judiciales.
Cabe recordar que Cobos, pariente del reconocido artista cuartetero Jorge “Toro” Quevedo, fue interceptado por dos ladrones la noche del 20 de mayo de 2023 en el barrio Lomitas de Oro mientras conducía su motocicleta, la cual era el objeto del deseo de los criminales. La situación desencadenó una persecución frenética que abarcó varias cuadras.
Una vez alcanzado Cobos, Flores y Luján procedieron a atacarlo brutalmente, acabando con su vida mediante cuatro disparos, a pesar de que el hombre ya se encontraba gravemente herido e indefenso en el suelo.
Más tarde y gracias al análisis de imágenes de la cámaras de seguridad y a una meticulosa labor investigativa, la Policía de Córdoba logró identificar a los agresores y menos de una semana después del crimen, ambos estaban bajo custodia y enfrentaban cargos.
Y a mediados del mes de diciembre último, en un caso de condena también ocurrido en la provincia de Córdoba, dos hermanos acusados del asesinato de Pablo Altamirano en una estación de servicio cordobesa fueron condenados a 15 años y 7 meses de prisión tras confesar el crimen.
Eric y Alan Sabir admitieron su culpabilidad ante la Cámara Novena del Crimen y el jurado popular por el homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de un arma de fuego, según el abogado defensor, Pablo Morelli, y la fiscal de la Cámara, María Mercedes Balestrini.
El crimen tuvo lugar el 13 de abril de 2022, cuando Altamirano trabajaba como playero en una estación de servicio en la calle Rancagua al 3300, en el barrio Villa Corina de Córdoba capital y los hermanos, a bordo de una motocicleta, lo abordaron con intenciones de robo. Se llevaron su billetera, que contenía solo $950, y le dispararon, causándole la muerte tras ser ingresado al Hospital de Urgencias.
Además del homicidio, también fueron acusados de un robo calificado en una distribuidora en el barrio San Nicolás.
Los hermanos estaban bajo custodia desde el 20 de abril del año pasado, después de que la investigación del fiscal Raúl Garzón los ubicara.
Tras la sentencia, el abogado defensor dijo que estaba satisfecho, aunque ambos recibieron penas significativas.
La familia de Altamirano consideró que la condena marca “un antes y un después” en su proceso de duelo, enfatizando que buscan justicia, no venganza. El abogado querellante, Carlos Nayi, expresó que los familiares ahora podrán comenzar a encontrar paz.
Sin embargo, el caso no está cerrado, ya que Cristián Maximiliano Lescano y su pareja, Verónica Natalí Lescano, aún deben ser juzgados por encubrimiento agravado.
Según la investigación, uno de los hermanos Sabir entregó el arma del crimen a Cristián, quien luego se encargó de hacerla desaparecer. La pareja se encuentra en libertad, a la espera de juicio, a pesar de haber solicitado la suspensión del mismo.
El hijastro de la víctima denunció meses después del crimen que, aunque inicialmente había presencia policial en la zona, esta disminuyó con el tiempo.
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