
La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico, encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias, con secretarios como Matías Álvarez y Patricia Cisnero, presentó su informe de gestión para 2023, a diez años de su conformación en el Ministerio Público, con tareas como investigaciones, litigio y análisis de información, más subdivisiones en zonas calientes como Rosario y el NOA.
Según el reporte, al que accedió Infobae, PROCUNAR comenzó a intervenir en 230 nuevas causas en 2023, con especial foco en juicios a organizaciones como la de Delfín Castedo y el juez Carlos Soto Dávila, condenado por favorecer a narcos. Para fin del año pasado, ya intervenía en 412 causas en curso. En toda su historia, inició 1236 investigaciones preliminares. Las causas delegadas el año pasado a otras áreas fueron apenas 14.
También, prepara su participación en seis juicios que ocurrirán en la Justicia federal este año. El más relevante de todos es el de Carlos Atachahua, acusado de ser uno de los mayores narcos del país, oriundo de Perú y patrón de Diego Guastini, el principal lavador de dinero del negocio de la droga, asesinado por sicarios desconocidos hasta hoy en 2019. Atachahua fue embargado en noviembre de 2020 por 30 mil millones de pesos, una cifra inédita, y continúa preso hasta hoy. El proceso en su contra se espera en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3.

Precisamente, al momento de su asesinato Diego Guastini era un informante de la PROCUNAR, tras ser condenado en una causa por tráfico de divisas. En otros expedientes, los arrepentidos fueron la clave para dar con el centro de las bandas, tal como en la histórica investigación de “Marcos” Estrada González.
En su informe, el organismo presentó cifras al menos interesantes sobre este aspecto poco conocido de las investigaciones narco, una técnica que permite llevar a los traficantes a la Justicia.
Según el reporte, se utilizaron 27 agentes reveladores desde 2016, más 36 informantes desde el mismo período. Los agentes encubiertos son una rareza: solo se usaron tres, dado su alto riesgo, en los últimos siete años.
Los arrepentidos son una moneda mucho más corriente, con 62 dispuestos a hablar.
“Tras la sanción de las leyes 27.304 y 27.319 a fin del año 2016, que proporcionan herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, el trabajo de esta Procuraduría se enfocó en promover el uso de estas figuras para maximizar los resultados de las investigaciones”, dice el informe. Hasta el día de hoy, no se pudo probar o sospechar siquiera si Guastini fue asesinado por sus confesiones ante la Justicia.

El informe también reseña varios casos exitosos. En marzo del año pasado, Esteban Lindor Alvarado, uno de los mayores capos narco de Rosario, condenado a prisión perpetua por una serie de delitos como homicidion agravado, coacción y lavado de dinero, vio frustrado el plan más original de su carrera. Preso en el penal de Ezeiza, Alvarado había montado una compleja logística para que un helicóptero ingresado ilegalmente al país desde Paraguay aterrice en el centro del patio de su pabellón y se lo lleve de vuelta a casa, con señales enviadas con un smartwatch oculto en la cárcel y una lista de cómplices del otro lado de los muros.
El plan, precisamente, fue frustrado por una investigación conjunta entre la Policía Federal y la PROCUNAR, tras un dato que provino del Ministerio de Justicia, en ese entonces a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Se allanaron domicilios en Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Se secuestró el helicóptero, que fue encontrado en Francisco Álvarez, zona de Moreno. También allanaron y detuvieron a Lindor Alvarado, ya preso, otra raya más en uno de los máximos tigres del negocio del hampa argentina.
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