Fructuoso Álvarez González, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Flores, cometida en febrero de 1994 -donde incendió una casa por una deuda de dinero para matar a casi una familia entera- murió a los 63 años el domingo 30 de abril último por por la mañana. Estaba internado en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian del Penal de Ezeiza desde el 4 de abril pasado. Se le había practicado una cirugía para colocar un implante en su cadera derecha. La operación llevó a una sepsis, una infección, lo que llevó a un shock séptico y a múltiples paros cardiorrespiratorios. “Falla multiorgánica” y “edema encefálico difuso” fueron las causas finales que constaron en el informe.
Así, fallecía uno de los asesinos más infames de la historia criminal moderna en Argentina. Su cuerpo fue llevado a un depósito, a la espera de una sepultura.
Lo enterraron en un cementerio parque de Pilar, una parcela que fue pagada por un hombre en su familia. Sin embargo, el sepelio no fue inmediato. Todo lo contrario: fue enterrado ayer miércoles, casi tres meses después. La historia que ocurrió en el medio es al menos peculiar.
Lo que pasó puede ser definido como, básicamente, un entuerto de papeles.
“Al ser una muerte en un contexto penitenciario, intervino el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora”, asegura una fuente oficial al tanto del tema.
Una abogada había intercedido para que se lo entierre con una presentación. Explicó cómo se había contratado a una conocida cochería de Villa Madero para el funeral. Según esta presentación, el personal de la cochería se presentó en el Registro Civil de Ezeiza, pero se encontraron que no había autorización alguna para el entierro: la cochería necesitaba la licencia oficial, expedida por el Registro Provincial de las Personas bonaerense, para llevar el cadáver de fructuoso a Pilar, donde ya contaba con una parcela valuada en más de medio millón de pesos.
Luego, Patricia Croitoru, la abogada penalista que representó a Álvarez González, presentó el certificado de defunción del asesino. La autopsia al cuerpo fue realizada en la Morgue Judicial de CABA. Este detalle llevó, precisamente, al entuerto entre jurisdicciones.
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“El bloqueo ocurrió en el Registro de La Plata. Después de la autopsia, no había motivo alguno para no enterrarlo. La autopsia fue hecha en Capital. Entonces, se pasó la pelota de lado a lado, para ver dónde correspondía que se lo sepulte, o a quién le correspondía el trámite”, continúa la fuente, un funcionario clave en el expediente.
Recién el 12 de julio, el Registro Provincial de las Personas autorizó la “licencia para inhumación o cremación” tras un mandato del juez Ernesto Kreplak, titular del Federal N°2 de Lomas.
El caso y el último intento de salir en libertad
En el hecho murieron cuatro integrantes de la familia Bagnato, los padres de Matías, José y Alicia, sus hermanos Fernando, de 14 años, y Alejandro, de 9 y Nicolás, de 11, un amigo que se había quedado a dormir.
Álvarez González fue condenado a prisión perpetua en noviembre de 1995 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12. Nueve años más tarde, en marzo de 2004, consiguió ser expulsado a España para terminar de cumplir allí su condena, ya que tenía la ciudadanía de ese país. En su certificado de defunción, precisamente, fue inscripto bajo la nacionalidad española.
El 22 de noviembre de 2008, el autor de la “Masacre de Flores” fue liberado en España, pero en 2011 volvió a ser recapturado en Argentina, luego de supuestamente amenazar de muerte al sobreviviente Matías Bagnato y a su abuela. Desde entonces, permaneció preso en el penal de Ezeiza.
En marzo pasado, tras la fractura de cadera de Álvarez González, la abogada Croitoru solicitó a la Justicia la prisión domiciliaria, pero la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°1, María Jimena Monsalve, la desestimó por considerar “de manera unánime” que no estaba en condiciones de ser excarcelado.
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