
J.R.M. era buscada hace varios meses. La mujer trans, de 41 años, se había fugado de una salida transitoria de la cárcel de Ezeiza en septiembre del año pasado y tenía pedido de captura vigente. Estaba presa por los delitos de explotación económica de la prostitución ajena, mediante violencia y amenazas; hurto y tenencia de estupefacientes. En las últimas horas, agentes de la Policía Federal Argentina la capturaron en el barrio porteño de Balvanera después de un trabajo de rastreo.
Según supo Infobae, la detención estuvo a cargo de detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que había recibido en enero un oficio judicial procedente del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5, de Jimena Monsalve -secretaría de Tristán González Correas-, mediante el que se solicitaban tareas investigativas a fin de localizar y detener a la prófuga.
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J.R.M. logró fugarse de la Unidad Penal N°IV de Ezeiza. Había sido trasladada a esa cárcel en el marco de una causa tramitada en la Justicia federal de Mar del Plata por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En ese proceso judicial, su víctima fue otra mujer trans, una ciudadana extranjera que la denunció en 2017 con una declaración en cámara Gesell, y que se encontraba en ese momento en “una condición de extrema vulnerabilidad”, tal cual consta en un fallo de la Cámara Federal marplatense, que confirmó en 2018 el procesamiento de la acusada.
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En dicha resolución, se detalló que la víctima se hallaba en ese estado por varias circunstancias: “En primer lugar, por su situación de extranjera, con un régimen de permanencia temporario. En segundo lugar, por el hecho de pertenecer a un colectivo, persona trans, que por su histórica exclusión social se encuentra en el foco de las mayores discriminaciones estructurales. En tercer lugar, por encontrarse sola y en un ámbito totalmente extraño a su arraigo o contención familiar o afectiva. Por último, debido a ser una víctima recurrente de explotación de trata de personas”.
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De acuerdo a la investigación en aquel expediente, J.R.M. no actuaba sola, sino que era una pieza más de “una organización criminal que se dedicaba al regenteo de trabajadoras sexuales, a las que se explotaba amedrentándolas mediante agresiones físicas y amenazas coactivas, logrando que se expongan a severos peligros en la vía pública”. O sea, “extenuantes jornadas laborales, de las que prácticamente no obtenían ganancia alguna, dado que casi todo el capital era entregada a la prófuga y sus consortes de causa, habiéndose sumado a los hechos que se le imputan la sustracción de elementos de propiedad de una de las mujeres sometidas”.
Esta asociación fue desbaratada y J.R.M. quedó detenida. Ya tenía un antecedente: un tiempo atrás, la habían acusado de vender droga en un hotel de Constitución. En esa causa fue condenada a un año de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes. La sentencia fue en 2019, mientras la mujer ya se encontraba bajo arresto. En ese contexto, fue alojada en el penal de Ezeiza. Sin embargo, el año pasado se escapó.
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Los investigadores señalaron que J.R.M. posee un “perfil criminal extremadamente evasivo”, que tiene un comportamiento escurridizo, lo cual constataron al analizar sus movimientos. “Corroboramos que evitaba quedar registrada en bases de datos públicas o privadas, y también había cortado el contacto con familiares y círculo íntimo frecuentado antes de su fuga”.
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Aún así, los policías detectaron varios perfiles de redes sociales que la prófuga manejaba con diversos alias. También marcaron teléfonos relacionados: el tráfico de llamadas, los mensajes de texto y la apertura de datos les permitió dar con la línea utilizada por la mujer. Así llegaron a un presunto domicilio y a varios lugares de trabajo.
Los agentes de la PFA montaron vigilancias en cada una de esas zonas hasta que dieron con J.R.M., la siguieron y la detuvieron en la vía pública. Ahora, la mujer espera en una celda su remisión al penal federal que la Justicia le designe.
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