Analía Schwartz, una docente de música de Mar del Plata, fue condenada a 10 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de sus alumnos; niños de entre 3 y 5 años que concurrían a los jardines de infantes donde ella daba clases.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral N° 2, integrado por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes llevaron adelante un segundo juicio contra la docente luego de un polémico fallo absolutorio en 2017 por parte del Tribunal Oral N° 1 que fue revocado por Casación un año después.
A pesar de que Schwartz fue hallada culpable del abuso sexual de un menor y de la corrupción de otros nueve menores que concurrían a los colegios Gianelli y Flemingo, en 2013, el Tribunal determinó que no vaya presa y que permanezca, como hasta el momento, a la espera de que el fallo quede firme tras la revisión de los tribunales superiores. En tanto, la absolvió de otros 14 hechos que no pudieron ser probados.
Durante su alegato, la fiscal María Florencia Salas había solicitado una pena de 30 años de prisión al considerar que se encontraban probados los 15 hechos imputados por abuso sexual infantil y corrupción de menores.
La querella de un grupo de padres, los abogados César Sivo y Romina Merino acompañaron lo expuesto por la fiscal Salas y solicitaron el mismo monto de pena. La otra querella, a cargo del abogado Martín Bernat, también llegó a las mismas conclusiones, pero fue más riguroso en el pedido de pena y solicitó que Schwartz pase 35 años en prisión.
La defensa de la docente, al igual que en el primer juicio realizado en 2017, estuvo a cargo de la abogada Patricia Perelló y sostuvo la misma postura de hace cinco años, cuando clamó por la inocencia.
“En este inédito segundo juicio, se volvió a demostrar, incluso mucho más que en el primero, la inocencia de Analía”, expresó la abogada en su alegato de cierre y destacó que “no hubo ningún agregado, ni aportes de nuevas pruebas, según informó el diario La Capital. “Quedó demostrado que Analía debe ser absuelta porque simplemente es imposible que los hechos pudieran ocurrir”, agregó.
El caso
La investigación se inició el 7 de septiembre de 2013, cuando un grupo de padres de niños y niñas de entre 3 y 5 años del centro educativo ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza se presentaron en la Comisaría de la Mujer para denunciar a la docente de música Analía Schwartz. Contaban entonces con la información que sus hijos, alumnos del jardín de infantes de la institución, les referían sobre juegos en la hora de música, como quita de prendas de vestir, lo que llevó a los padres a formarse la idea de que sus hijos eran abusados.
El caso llegó a juicio en febrero de 2017 pero el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1), integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, absolvió a la docente de manera unánime pese a los pedidos de entre 24 y 28 años de prisión de la fiscalía y los representantes de las familias.
En marzo de 2018, la Sala V de la Cámara de Casación Penal provincial bonaerense confirmó la absolución respecto de tres de los casos de corrupción de menores analizados en el juicio, pero anuló el resto de la sentencia al considerar que resultó “infundada y no constituye una derivación razonada del derecho vigente”, y ordenó la realización de un nuevo proceso ante otro tribunal.
Tras la finalización de la primera jornada del juicio, la abogada Patricia Perelló sostuvo: “Es algo increíble lo que está sucediendo, es algo atípico, que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho, donde en el primer juicio tras 72 días de debate salió absuelta por unanimidad”.
“Aún no entiendo cómo la Cámara de Casación anuló el primer juicio”, dijo, y agregó que “los jueces de Casación hicieron una solución ecléctica: no la condenamos pero dejamos conformes a todos, a los padres, y a la docente, que saben bien que es inocente”.
Además, insistió que su defendida en sus 20 años de docencia tuvo cerca de 8.000 alumnos y jamás tuvo una queja. “Es más, siempre tuvo elogios por su labor”, remarcó.
La letrada agregó que “es una pena que se someta a una persona a un escarnio durante tanto tiempo y que se use el dinero del Estado porque un pequeño grupo está convencido desde la irracionalidad que estos hechos ocurrieron”.
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