Motines en las cárceles: el peligroso desafío de los presos en medio de la crisis por el coronavirus

El motín del penal de Las Flores en Santa Fe, dejó cinco muertos, uno menos que el COVID 19 desde que llegó a la Argentina. Santa Fe es la capital de otro virus que se está extendiendo amparado por el coronavirus. La rebelión se está contagiando a distintas provincias y amenaza con avanzar por todo el país.

“Los presos van a tirar a fugarse. Ellos dicen que tienen todo pago porque hay coronavirus”, explicaba un jefe penitenciario. En la jerga tumbera, “tener todo pago”, es que hay un motivo legal para fugarse. El preso necesita pocas excusas para huir. Por eso, lo que nació en Coronda y las Flores, las unidades de Santa Fe que albergan a los principales clanes de la droga como Los Monos, Los Funes y Los Alvarado, tuvo un efecto contagio.

Llegó a Rosario donde un penal a 20 kilómetros de la ciudad tuvo una amenaza de motín. La intervención del Grupo TOE de la policía provincial fue más que oportuna. Es un cuerpo de elite con intenso entrenamiento y permitió desbaratar un motín que podría haber terminado con una fuga masiva de presos peligrosos.

Los cinco cadáveres de Las Flores fueron cuerpos arrojados al servicio penitenciario santafesino para demostrar quién manda en las cárceles. No fue casualidad que todos pertenecieran al pabellón de abusadores sexuales, conocido como el de “violines” en la jerga tumbera.

Detrás de estos muertos, hay ajustes de cuentas entre presos que aprovecharon la pandemia para resolverlos. Que los presos en pleno verano, se cubran con mantas o ropa de abrigo no es un acto absurdo, sino que lo hacen para mitigar el impacto de las balas de goma.

El problema nació con la suspensión de las salidas transitorias y las visitas, lo más apreciado por los presos. Pero, en Las Flores, los presos se quejaron de que además no les llegaban los alimentos que les dejaban sus parientes para mejorar la alimentación de las cárceles que dista de ser óptima.

Lo cierto es que estos motines iniciaron otros.

Al día siguiente, en la unidad 54 de Florencio Varela, más precisamente en el pabellón 2 surgió otro inconveniente, pero fue menor y se sospecha que estuvo “armado” para demostrar al resto de los penales el poder de disuasión del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El conflicto auténtico que se inició a la misma hora que el de Florencio Varela, correspondió a la alcaidía de Batán en Mar del Plata. La alcaidía es el lugar donde los presos están transitoriamente a la espera de declarar ante un juez.

El alzamiento llamó la atención por su virulencia. “Era una locura pensar que ese grupo de loquitos desatados iba a lograr algo”, señalo uno de los que presenció el alzamiento. “Pero están mandando una señal”, agregó.

Tras esa asonada, vino el levantamiento del penal 7 de Resistencia, Chaco, que fue apaciguado rápidamente. Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, donde funciona la universidad, tuvo otro intento, pero allí los presos son menos violentos que los de las cárceles provinciales. Todo se agotó en un reclamo bullanguero.

En el penal 4 de Concepción del Uruguay, donde hay gente decidida a fugarse, provocaron a los guardias incendiando colchones. Los que incitaron al desborde, eran presos federales, no de la provincia. Pero consiguieron la adhesión de todos los presos. Entre los bomberos que extinguieron el fuego y el personal penitenciario controlaron la situación.

Ellos sabían que no tenían posibilidades de triunfar, pero sí de ser parte de una cadena de motines en todo el país que debilite al servicio penitenciario. Si eso sucede, se complicará la situación del país, porque si la pandemia llega a las cárceles, son focos de alta potencia de contagio porque el virus se propagaría rápidamente entre mucha gente hacinada en pocos metros cuadrados.

“Este es el peligro que tenemos en la provincia de Buenos Aires, la superpoblación”, señaló el jefe penitenciario.

Por eso, se les extendió un certificado de libre circulación a los parientes de los presos para que puedan llevarles comida y otros elementos a las distintas cárceles de la provincia que albergan a 45 mil presos, cuando la capacidad de esos penales no excede las 22 mil personas. Con ese permiso, se los pone en la lista de los exceptuados de circular durante la cuarentena.

No habrá que sorprenderse en los próximos días con los motines. Es vital sofocarlos, porque si el COVID 19 ingresa a las cárceles, el riesgo de todos los ciudadanos aumenta.

Además, no hay más pulseras para otorgar la prisión domiciliaria. Lo que es ostensible, es que para el preso el COVID 19 no es el enemigo. De otra manera, no se explica que en algunos de los motines se hayan asaltado las farmacias y destruido material sanitario para prevenir la propagación de la pandemia.

El peligro, como se ve, es doble. Puede acelerar el contagio de la enfermedad e incentivar fugas. No todos los servicios penitenciarios están dotados de los elementos para combatirlos (la mayoría de los penales son obsoletos) y cuando el preso está lanzado a la fuga se convierte en un arma tan letal como la enfermedad.