Las escuchas a los policías procesados por coimear al mayor prostíbulo de Puente La Noria

"Vos pensalo", dice un investigador judicial: "Mejor ubicado no puede estar". Tiene sentido. Por allí, en cierta forma, todos pasan. El "Bar Pool Parada La Noria" sobre la calle Cosquín al 2600 en Ingeniero Budge está justo frente a una terminal de micros de larga distancia, en el medio de paradas de colectivos, de remiserías y confluencias de tráfico desde la Capital Federal hacia la zona oeste del conurbano.

El nombre del establecimiento no es mucho más que un eufemismo: nueve mujeres oriundas de Argentina, Paraguay y República Dominicana ejercían allí la prostitución a poco menos de 500 pesos la media hora de sexo en condiciones insalubres, con baños sucios y rotos, instalaciones eléctricas al borde del cortocircuito y una estricta planilla de pases, cada turno contabilizado. La planilla para el viernes 2 de septiembre del año pasado detalló unos 24 turnos en el lugar por 420 pesos cada media hora. Junto al presunto bar y pool se encontraba una parrilla llamada "Charly", que no era célebre precisamente por su entraña o su choripán al paso: otras cinco mujeres se prostituían allí en condiciones igual de decadentes.

Ambos lugares fueron allanados y clausurados en 2013, sus principales operadores identificados. Sin embargo, el bar y la parrilla siguieron. Para la Justicia Federal de Lomas de Zamora alguien se encargó de mantenerlos abiertos fuera de la ley y de hacerse un poco más rico en el proceso.

El doctor Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora -que encabeza la megacausa contra la feria La Salada con 500 allanamientos hechos en diciembre último- allanó ambos lugares a fines de diciembre pasado en una redada a cargo de la Policía Bonaerense con once detenidos. Los prostíbulos de Puente La Noria no fueron el único punto en donde irrumpió la Bonaerense, en una lista de 20 domicilios: los policías tuvieron que allanar a sus propios colegas.

El operativo incluyó ingresos y requisas en la delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Quilmes, la Comisaría 7° de Villa Centenario, la 9° de Parque Barón, la 10° de Ingeniero Budge y la 5° de Villa Fiorito, todas ellas en la jurisdicción de Lomas de Zamora. Graciela Maidana, alias "Lula", la presunta propietaria y principal explotadora del "Bar y Pool La Noria", fue detenida, así como varios colaboradores. Sebastián Marasco, inspector municipal lomense del Registro de Bebidas Alcohólicas, también cayó preso, acusado de llevarse dinero para que los prostíbulos esquiven inspecciones a pesar de haber aseverado en su indagatoria que cerró el "Bar y Pool" unas nueve veces, siete de ellas por violación de clausura.

Sin embargo, estos son jugadores intermedios en la trama: un alto jefe policial terminó esposado al final del día. Fue Damián Darío Lozano, de 46 años de edad, con el rango de comisario inspector, también abogado, el jefe de distrito Norte de la Departamental de Lomas de Zamora, la cabeza de todas las comisarías allanadas. Junto a él fue detenido el también policía Roberto Frías, con rango de capitán y una figura frecuente en la 5° de Villa Fiorito. Luis Galeano, acusado de ser el dueño de la parrilla "Charly", que ya había sido procesado en 2013, así como una presunta lugarteniente de Maidana, se encuentran prófugos.

A mediados de la semana pasada, el juez Villena procesó a todos los detenidos en la causa por los delitos de trata de personas y asociación ilícita, dictándoles la prisión preventiva con un escrito de más de 120 páginas al que accedió Infobae. El inspector municipal Marasco, el capitán Frías y la presunta proxeneta Maidana, presa en el penal de Ezeiza, recibieron embargos de un millón de pesos.

Villena, en cambio, tuvo una especial atención para el comisario inspector Lozano, que fue removido de la fuerza el mes pasado: lo embargó no por un millón, sino por diez millones como "jefe de una asociación ilícita destinada a recibir personas con fines de explotación sexual agravado por el abuso de su situación de vulnerabilidad" y de "sostener, administrar o regentear ostensible o encubiertamente casas de tolerancia" así como facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el país, con Frías como su cobrador, el encargado de ir y levantar para mantener los prostíbulos abiertos. Para el juez, por un hecho de verticalidad, el comisario inspector Lozano se convertía en responsable máximo, el principal proxeneta de todos.

Las escuchas telefónicas son el núcleo de la acusación. Y las escuchas son por lo menos reveladoras. No solo dieron detalles de la vida en los prostíbulos, con frases captadas entre los imputados como "M. está con el boliviano que pasa siempre con ella, el pase se lo está cobrando 550 pesos", "Y. llegó a las tres y está con un cliente", o "dos pases y voy por dos cajones de cerveza". Los audios también revelaron las coimas por dentro.

Una subalterna de Maidana en el "Bar y Pool" aseveró que "lo de la cervecería sale 165 mil dólares", algo que el juez interpretó como una cifra de coima para mantener la habilitación. Maidana expresó su frustración por teléfono: aseguró con una grabadora judicial encendida que estaba "cansada" de que le saquen dinero "de todos lados" mientras nombraba a la Municipalidad y a la Policía. "Maribel", una de sus subalternas, fue captada mencionando al "taquero", a "la taquería, los de distrito" para que pasen a cobrar "los cinco mil".

Otro hombre, un tal "Robert", que se presume efectivo policial, al cual uno de los imputados de los prostíbulos llamaba "comisario", le aseveró al imputado que "es mi cumpleaños" y que vaya "con un regalito, mínimo, de esos puteríos, dos trolas". El imputado poco después lo felicitó al tal "Robert" por "su ascenso". El supuesto policía le advirtió a este imputado "bajar la persiana" ante una inminente redada de narcotráfico.

Roberto Frías, "El Gordo", chofer personal del comisario inspector Lozano, acostumbraba hablar mucho y cuidarse poco con su teléfono. Los imputados ligados al "Bar y Pool" fueron escuchados reconociendo entre sí que Frías "acababa de avisar que está toda la Federal atrás y que cierre quince días y que cambie el chip". Frías mismo preguntó a una acusada, Roxana González, "cuándo puede pasar", una comunicación con fecha del 17 de junio de 2017. González se enfureció, la protección le había fallado: "No van a cobrar nada de nada, estoy con una re calentura porque anoche hubo operativo, me llevaron todas las bebidas, ya no tengo arreglo con nadie". A otra imputada le advierte que "al de Distrito le abone lo de siempre".

El capitán Frías habla en varias conversaciones sobre "el jefe". El 1° de julio le preguntó a una persona "si puede haber un aumentito" porque "el jefe lo pregunta". La silla personal del capitán estaba en negro: cumplía aparentes funciones en el servicio de calle de la 5° de Villa Fiorito pero no aparecía registrado en las planillas entregadas por Asuntos Internos al juez Villena.

No hay una dimensión cabal de cuánto dinero aportaron los prostíbulos: fuentes en la causa sospechan que Maidana aportaría unos veinte mil pesos semanales a la caja negra de la Bonaerense. Lo cierto es que la investigación no termina. La operación de Lozano y Frías no se habría limitado a coimear prostíbulos: el juez Villena sospecha que también se extendió a supermercados chinos. También, al robo de viviendas. Frías fue escuchado asegurando que "quizás mañana arranquen con el laburo" y que "el chabón quiere ir" con el capitán "para marcar las casas".