Las falsas amenazas de bomba en los colegios de Buenos Aires sumaron a un personaje tan inesperado como insólito. La policía de la Provincia identificó a un joven encargado nada menos que de realizar los llamados de las amenazas por encargo a diferentes instituciones educativas.
Según los investigadores, el chico, cuyo nombre de pila es Pablo, realizó casi 40 amenazas de bomba falsas a diferentes escuelas de Ramos Mejía, Lomas del Millón y San Justo. El chico cobraba por cada pedido y, como si fuera poco, se jactaba de sus actuaciones en las redes sociales.
"A pura bomba. Terminó inventado el día de hoy, luego de hacer 8 amenazas de bomba en 8 distintos colegios", escribió una vez en su cuenta de Twitter.
"Seis colegios sin clases por mí, bien ahí", fue otro de sus tuits. Todas sus amenazas fueron realizadas durante el mes de octubre y en horario diurno.
Lo más paradójico es que, ante sus publicaciones, diversos jóvenes le pedían que realizara una nueva amenaza en sus respectivos colegios.
Mientras la investigación continúa en curso, se pudo detectar el modus operandi del sospechado. Recibía los pedidos de amenaza mediante las redes y luego actuaba en consecuencia.
Por otra parte, la policía de la provincia de Buenos Aires lo investiga por supuesta venta de marihuana, también mediante las redes.
Al momento del allanamiento en su hogar se supo que sus padres habían decidido internarlo en una clínica de rehabilitación por el supuesto consumo de drogas. Aún se espera que la fiscalía que actúa en la causa establezca la carátula de su caso.
Además, una joven de 18 años fue aprehendida en su casa de Ramos Mejía, después de que obligara a su hermana de 13 años a realizar una falsa amenaza de bomba al colegio French.
Las amenazas de bomba falsas en los colegios es un problema que atraviesa la provincia de Buenos Aires desde hace semanas y que todavía no se pudo solucionar.
El servicio del 911 recibió más de 3 mil llamados en el último mes. Por eso, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, aseguró que se iniciaron al menos unas 120 causas contra padres y estudiantes.
El Estado provincial busca así aplicar multas de al menos 50 mil pesos contra aquellos responsables. El motivo es el importante costo que supone el operativo de búsqueda de artefactos explosivos, de desalojos de los colegios y de los inicios de investigaciones de cada caso puntual.
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