El recuerdo de la primera Fiesta del Animal que se celebró en el país y la historia del impulsor de una ley pionera de protección

El 29 de abril de 1926, el corazón de Ignacio Lucas Albarracín se detuvo. El día anterior, había dado una entrevista al diario Crítica en la que revivió el camino que, 42 años antes, había comenzado y que culminó en la Ley 2.786, la primera norma en Latinoamérica que defendió a los animales, conocida como “Ley Sarmiento”. Seguramente le preguntaron sobre aquel 29 de abril de 1908, fecha que él mismo eligió para celebrar en Buenos Aires la primera Fiesta del Animal, que debió postergarse debido a las condiciones climáticas. Esa fue la última vez que habló.

Quizás haya sido el recuerdo de los molinos de viento que debió afrontar, cual Quijote, lo que hizo que su corazón, ya cansado por años de lucha en solitario, se detuviera. O tal vez haya sido el destino mismo el que quiso que muriera el mismo día que había propuesto para honrar a sus amados animales.

Sus acciones y decisiones como jurisconsulto y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales lo convirtieron en una figura fundamental en la historia del animalismo. Su fallecimiento terminó por sellar un vínculo eterno entre su nombre y la causa.

Albarracín no solo dejó leyes y decretos que dieron forma, por primera vez, al derecho animal en la Argentina, sino que sembró una conciencia única que hoy, a un siglo de su último suspiro, sigue vigente. En el Día del Animal no solo celebra a todas las especies sino que se rinde un tributo silencioso al hombre que entendió, antes que nadie, que el respeto por los seres sintientes es el reflejo más fiel de nuestra propia humanidad.

El “loco” que amaba a los animales

Ignacio Lucas Albarracín nació el 31 de julio de 1850 en Córdoba, aunque su historia también remite a San Juan, provincia que adoptó por crianza y donde su padre —el coronel Santiago Albarracín— se refugiaba por razones políticas. En ese contexto se formó el jurisconsulto y abogado que encontró en la defensa de los animales una causa que entendió desde el inicio como política.

Junto a su tío Domingo Faustino Sarmiento dio los primeros pasos en ese camino, que derivó en la fundación de la Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA) en 1879. Allí fue secretario y, desde 1885, presidente hasta su muerte.

Durante 42 años, el “Loco” sostuvo una cruzada inquebrantable. Lo apodaban así por su paso apresurado, por andar siempre cargado de carpetas con documentos que sobresalían por los costados; por esa voz que no temía alzarse en los despachos de los legisladores o en medio de las calles para desafiar prácticas que en su tiempo estaban cruelmente naturalizadas.

No hace falta imaginarlo, las crónicas lo confirman: a finales del siglo XIX, Albarracín —con galera y todo— era capaz de plantarse físicamente en medio del barro para detener el látigo de un cochero y defender, cuerpo a cuerpo, a los caballos azotados.

En esos enfrentamientos, Albarracín libró su batalla más difícil: la de la semántica. Se dice que en las sesiones legislativas, intentó que el proyecto de ley que redactó (y que llevaba el capital político y la idea original de su tío) incluyera la palabra “víctima” para reconocer al animal como un individuo con derechos. Sin embargo, los legisladores de 1891 se negaron; para el poder de la época, una “víctima” no humana era un disparate jurídico.

Albarracín tuvo que ceder en las palabras para ganar la norma, aceptando términos como “malos tratos” para que, al menos, el látigo tuviera un freno legal. Su recorrido logró uno de sus hitos de América Latina con la sanción de la Ley Nº 2.786 de Prohibición de Malos Tratos a los Animales, en 1891.

Sin embargo, Albarracín no entendió esa conquista como un punto de llegada, sino como el inicio de una transformación más profunda. Su objetivo fue siempre el mismo: instalar el respeto hacia los animales como un principio social. También recurrió a la prensa como herramienta de difusión y en 1904 fundó el periódico Zoófilo Argentino, desde donde buscó instalar el tema en la agenda pública.

En paralelo, otorgó un papel central a la educación y a la formación de nuevas generaciones. Impulsó la incorporación del respeto hacia los animales como un eje transversal en las escuelas y promovió una celebración anual para ello. Esa iniciativa, influida por antecedentes internacionales, derivó en la aprobación de la Fiesta del Animal en 1907, cuya primera celebración efectiva tuvo lugar al año siguiente: el 2 de mayo, debido a las lluvias del 29 de abril. En ese proceso tomó contacto con distintos personajes públicos, entre ellos el director del Jardín Zoológico, Clemente Onelli, con quien mantendría diferencias éticas sobre el sentido de esos espacios.

El accionar de Albarracín no se limitó a la teoría jurídica; su labor se desplegó en cuatro ejes fundamentales que buscaban transformar la relación entre la sociedad y los animales:

• La educación como cimiento ético: entendía que la crueldad se combatía desde la infancia. Por ello, impulsó el respeto hacia los animales como un contenido transversal en las escuelas, convencido de que la empatía debía cultivarse en el aula. Su mayor logro pedagógico fue la Fiesta del Animal, concebida no como un simple festejo, sino como una herramienta de concientización masiva que involucraba a niños, maestros y autoridades.
• Regulación de la ciudad “a tracción a sangre”: en una época donde el motor de la economía era el caballo, Albarracín intervino directamente sobre el trabajo de los carreros, cocheros y ciudadanos. Promovió límites estrictos a las cargas, la prohibición absoluta del uso de animales heridos y la instalación de bebederos públicos en puntos clave de la ciudad. Aunque perdió la batalla semántica, logró que la Ley 2.786 incluyera multas específicas y arrestos para quienes sobrecargaran los carros o golpearan a los animales “con exceso”, un término que, aunque hoy parezca ambiguo, en 1891 fue una revolución legal mientras los carreros lo veían como su principal enemigo porque Albarracín afectaba directamente su bolsillo y su forma de trabajar.
• Guerra contra los espectáculos cruentos: actuó con ferocidad contra las prácticas que consideraba “atavismos de barbarie”, como las riñas de gallos y las corridas de toros. no solo buscó su prohibición moral, sino que impulsó su regulación administrativa y sanción efectiva, logrando retirar de la escena pública porteña eventos que basaban el entretenimiento en el sufrimiento y el desangre. También se opuso al zoológico y a los circos, en una época en la que esas formas de exhibición eran ampliamente aceptadas.
• Justicia en la calle y salud pública: trabajó incansablemente para que la Ley 2.786 no fuera “letra muerta”. Insistió durante 7 años en el ámbito político para impulsar la ley y, una vez sancionada, trabajó para que tuviera aplicación efectiva. Promovió controles constantes en la vía pública, facultando a los inspectores de la Sociedad Protectora para actuar junto a la policía. Además, promovió la intervención del Estado en el control de su cumplimiento y fue un visionario de la salud pública al proyectar la creación de hospitales veterinarios públicos, una demanda que buscaba dar auxilio a los animales de las clases trabajadoras y a los abandonados, sentando las bases de lo que hoy conocemos como derecho a la salud animal.

No fue todo: se manifestó contra el tiro a las palomas; cuestionó la doma de potros y la crueldad en la faena. Su persistencia terminó por inscribir sus ideas en un proceso de cambio cultural que lo excedió, pero que tuvo en él a uno de sus principales impulsores.

La disputa ética con Onelli

Ignacio Albarracín y Clemente Onelli mantuvieron serias disputas por el trato dado a los animales. Onelli era un reconocido científico, explorador y naturalista italiano que dirigía el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Su visión era la de un hombre de ciencia del siglo XIX: defendía el encierro como algo necesario para el estudio, el progreso y la exhibición pedagógica de las especies.

El conflicto entre ambos comenzó a gestarse por una paradoja: para que Albarracín pudiera celebrar la Fiesta del Animal, necesitaba un espacio masivo y simbólico, y Onelli, entusiasmado con la magnitud del evento, le ofreció el Zoológico. Aunque la idea quedó plasmada recién a fines de 1907, la convivencia entre ambos fue tensa desde el inicio.

Se barajaron fechas para realizar el festejo: no podía ser domingo porque era el único día que se cobraban las entradas (ingreso vital para la gestión de Onelli), ni tampoco durante la primavera porque los animales estaban en celo y querían evitar que los niños vieran “los desagradables y petulantes espectáculos”, dijo Onelli. Por lo que propuso que sea en otoño. Albarracín necesitado del predio, aceptó.

Con eso resuelto, la municipalidad recomendó que se realice entre el 20 y 30 de abril. Y el día que reunió todas las características que ambos buscaban fue el 29 de abril. Ese día de 1908, se realizó la primera Fiesta del Día del Animal, que contó con la presencia del presidente Figueroa Alcorta.

Pese al éxito del evento, nada ocultó el conflicto entre ellos: mientras Onelli veía en el Zoo una escuela de naturaleza, Albarracín lo denunciaba como una “cárcel de inocentes” que debía cerrarse. Albarracín llegó a proponer que, a medida que los animales murieran, fueran embalsamados para no reponerlos, a lo que Onelli respondió con sorna que no convertiría su jardín en un museo de taxidermia... Las disputas entre ellos fueron de por vida.

Las deudas pendientes tras un siglo de reclamos

A pesar del trabajo sostenido de Albarracín, al revisar su legado surge una pregunta inevitable: cuánto de sus planteos sigue pendiente. Muchas de las demandas que impulsó continúan presentes en el debate público, aunque en nuevos marcos legales y sociales.

Uno de los principales ejes es el reconocimiento jurídico de los animales. Albarracín los defendió cuando eran considerados bienes o cosas; hoy, distintos sectores impulsan su reconocimiento como sujetos de derecho y seres sintientes, lo que implicaría una transformación profunda en su estatus legal.

Otro punto es la tracción a sangre. Aunque hubo avances parciales, en varios municipios del país aún se discute su regulación o prohibición, lo que mantiene vigente una problemática que el propio Albarracín había señalado como una de las formas más visibles de explotación animal.

También persiste la deuda en materia de salud pública veterinaria. Entre sus propuestas figuraba la creación de hospitales veterinarios gratuitos a nivel nacional, idea que aún no se consolida de manera uniforme en todo el país, así como la implementación de políticas sistemáticas de esterilización.

En el plano institucional, organizaciones y especialistas insisten en la necesidad de fiscalías especializadas en maltrato animal, ante la falta de estructuras judiciales dedicadas exclusivamente a este tipo de delitos a nivel nacional, lo que dificulta su abordaje efectivo.

En el ámbito educativo, la incorporación del respeto hacia los animales como contenido transversal en la formación escolar continúa siendo una deuda pendiente, más allá de experiencias aisladas o jornadas conmemorativas que algunas escuelas tienen.

El pedido ante las propuestas de reforma de la Ley 14.346

La Ley 14.346, vigente desde 1954, sigue siendo la única herramienta penal en Argentina para denunciar y sancionar la crueldad y maltrato hacia los animales. Aunque sus penas son bajas, su aplicación a lo largo de las últimas décadas permitió no solo rescatar animales, sino también construir una base jurídica que amplió su alcance. En los últimos 15 a 20 años, organizaciones y abogados se valieron de ella cientos de veces.

“En la mayoría de los casos, cuando se unen ONG y abogados avezados, los resultados pueden ser extraordinarios: se logra jurisprudencia y doctrina relevante en el derecho animal, tanto en la interpretación y aplicación de la ley como en aspectos procesales (suspensión del juicio a prueba, entrega de los animales para adopción y su declaración como sujetos de derecho)”, dice parte de un petitorio firmado y difundido por más de 30 ONG animalistas del país y explican que hay que defenderla ya que logró también obtener condenas por casos de crueldad extrema y avanzar en fallos que reconocen a los animales como sujetos de derecho, como la orangutana Sandra.

Ese amplio recorrido también se tradujo en operativos de rescate en criaderos clandestinos de perros, salvatajes masivos —como el “megarescate” de más de 300 animales en 2021— y condenas en casos emblemáticos de maltrato y zoofilia en distintas provincias.

También permitió intervenir en situaciones de explotación sistemática, como las vinculadas a caballos de la tracción a sangre, y en causas reconocidas que involucraron animales de zoológicos donde la interpretación del artículo 1° de la ley resultó clave para reconocerlos como víctimas y no como cosas.

En ese contexto, las más de 30 organizaciones animalistas advierten que las propuestas de reforma no representan un avance, sino un riesgo. El antecedente más cercano es el de 2019, cuando unos 44 proyectos llegaron al Congreso y el dictamen resultante eliminaba aspectos centrales de la ley, como la noción de “sufrimiento innecesario”, y quitaba a los animales su carácter de víctimas, abriendo la puerta a excepciones que podían habilitar aún más las prácticas de explotación. Aquella iniciativa fue frenada tras la movilización del sector animalista y de la sociedad en conjunto. “Le sacaba a la ley algo que es enorme: el carácter de ‘victima’. Por primera vez, y en contra del Código Civil, se considera al animal no humano ‘victima’ de actos de maltrato y crueldad", explica el texto.

También, las organizaciones entre las que se encuentran Proyecto Galgo, SinZoo, Red de Políticas Públicas, MegaRescate Argentina y Movimiento Animalista Rio Cuarto, señalan que, en los últimos años, se adoptaron medidas que debilitan la protección ambiental y animal. Entre ellas, destacan el Decreto Presidencial 133/2025 de exportación de animales vivos que permite la flexibilización de normativas para la exportación de animales vivos en grandes cantidades —lo que implica viajes prolongados en condiciones crueles— y la facilitación del tráfico legal de especies silvestres fuera del país. Al mismo tiempo, se avanzó con modificaciones en leyes que resguardan ecosistemas clave, como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Estos cambios reducen la protección de ambientes fundamentales para la fauna autóctona y abren la puerta al avance de actividades extractivas en zonas antes protegidas, poniendo en riesgo tanto a los animales como a la biodiversidad argentina.

En ese escenario, no existen garantías de que una reforma fortalezca la legislación vigente. Por eso, el petitorio dice: “Hoy no están dadas las condiciones para lograr una ley mejor, que amplíe realmente el marco de protección de los animales. No podemos retroceder en derechos adquiridos”, dicen al fundamentar el rechazo a cualquier modificación de la Ley 14.346 en las condiciones actuales. La posición es clara: aun con sus limitaciones, la norma vigente permitió avanzar en la protección efectiva de los animales, y una reforma sin consensos ni resguardos podría implicar un serio retroceso.

A 141 años del camino iniciado por Ignacio Lucas Albarracín en 1885, el debate vuelve a situarse en un punto conocido: no solo qué dicen las leyes, sino qué lugar ocupan los animales en la sociedad. Y, como en 1891, la discusión no parece saldada.