El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha la Segunda Encuesta de Acceso a Justicia del sistema judicial porteño, con el objetivo de actualizar el panorama de las percepciones ciudadanas tras una década de transformaciones institucionales y sociales. El relevamiento, que alcanzará a un mínimo de 2.200 residentes, busca convertirse en una herramienta fundamental para ajustar y fortalecer la respuesta judicial ante los desafíos que enfrentan los habitantes de la ciudad, según informó Infobae.
Es el primer estudio integral que se realiza después del relevamiento de 2014, y tiene como propósito captar tanto las opiniones sobre el Poder Judicial como registrar necesidades jurídicas insatisfechas, el grado de conocimiento sobre los derechos y la confianza en las instituciones. La secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, explicó que el objetivo principal es entender qué espera hoy la ciudadanía de la Justicia y así lograr “una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia para poder ajustar lo que haya que ajustar de cara a los desafíos que vienen”.
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La organización del estudio incluye a la Secretaría de Administración y Presupuesto, bajo la coordinación general de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU). El trabajo está orientado a fortalecer la planificación estratégica del Poder Judicial y consolidar una cultura institucional centrada en la mejora continua y la accesibilidad.
Contenidos y ejes de la encuesta judicial
El cuestionario estructurado se implementará de forma presencial entre residentes de la ciudad, generando un diagnóstico basado en datos empíricos que permitirá identificar los principales obstáculos y facilitadores en el ejercicio de derechos. El diseño del instrumento abarca cuatro ejes centrales: cultura legal y percepción de la justicia; confianza y conocimiento del sistema judicial; accesibilidad al sistema de justicia; e información sobre los recursos disponibles.
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La directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales, Jessica Malegarie, expresó que la prioridad está en descubrir “cuál fue la experiencia concreta de las personas cuando tuvieron que recurrir a la justicia: qué barreras encontraron, cuánto tiempo demoraron los trámites y cuánto conocían sobre sus derechos en ese proceso”. Malegarie agregó que resulta relevante obtener información que el propio Poder Judicial habitualmente no posee: “Entender si las personas saben a dónde recurrir cuando tienen un problema, qué instituciones conocen y qué tipo de respuestas esperan del sistema judicial”.
La encuesta se utilizará también como base de evaluación para las políticas desarrolladas históricamente desde la Oficina de Acceso a la Justicia, a cargo de Eugenia Redondo. La secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo, Gisela Candarle, afirmó que “pasaron más de diez años desde la realización de la primera encuesta” y que muchos de los programas actuales tuvieron origen en los resultados de aquel primer diagnóstico. Candarle señaló: “Medir resultados nos permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos, optimizar recursos y mejorar nuestras prácticas, asegurando que los nuevos desafíos respondan a las necesidades y experiencias de la ciudadanía”.
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Impacto esperado en la planificación judicial
La Segunda Encuesta de Acceso a Justicia aspira a aportar información esencial para orientar la gestión judicial y crear mecanismos que garanticen el derecho de acceso a la justicia en las áreas contravencional, penal, de consumo y contencioso administrativo, en función de las expectativas y obstáculos identificados entre quienes interactúan con el sistema judicial porteño.
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