Un recluso identificado como Natanael Suppa, de 25 años, recibió una pena unificada de 13 años de prisión tras ser hallado culpable de una serie de extorsiones perpetradas desde la Subunidad Nº 3 del Complejo Penitenciario ubicado en el oeste de Rosario.
Las maniobras delictivas, investigadas por el fiscal Pablo Socca, incluyeron tres intentos de extorsión y una consumada. Su pareja, Yamila Varela, fue sentenciada a cinco años por su papel como coautora en uno de los hechos y por otros delitos conexos.
La condena fue dictada este miércoles bajo la modalidad de juicio abreviado por el juez Mariano Alliau, quien consideró los antecedentes y la pluralidad de episodios para la unificación de la pena. Suppa ya purgaba una sentencia previa por robo calificado en grado de tentativa, lesiones, violencia de género y amenazas, según informó el portal Rosario3.
Las operaciones ilícitas se desarrollaron entre abril y julio de 2023, con la colaboración de su pareja, quien quedó detenida en uno de los procedimientos de entrega controlada. Las investigaciones permitieron el secuestro de bienes y dinero producto de las extorsiones, así como la recopilación de más pruebas, entre ellas, mensajes y audios intimidatorios enviados a las víctimas.
Suppa llevó adelante esta maniobra utilizando teléfonos celulares introducidos de forma ilegal a la Subunidad Nº 3, ubicada en la calle 27 de Febrero. A través de mensajes y audios de WhatsApp, exigía sumas de dinero bajo amenazas directas y alusiones a organizaciones criminales. En los contactos, se identificaba falsamente como miembro de “La Mafia” y de “Los Cantero”, apellido vinculado a la banda Los Monos, aunque sin relación real.
La investigación determinó que el preso coordinaba cada movimiento con Varela, su pareja, responsable del retiro de los pagos y de mantener el contacto externo con las víctimas. Las extorsiones incluyeron intimidaciones a un chofer de aplicación dedicado a préstamos informales, quien fue atacado en varias oportunidades bajo el pretexto de asegurarle “protección”. En uno de los mensajes, Suppa amenazó: “Te voy a reventar la cabeza, si me hacés renegar se triplica lo que me debés”.
El fiscal Socca detalló que el 4 de abril de 2023, Suppa inició el hostigamiento al chofer, exigiendo 500 mil pesos. La víctima entregó inicialmente 300 mil pesos, a través de un punto de recogida previamente pactado: una bolsa arrojada a un contenedor de basura. Semanas después, el recluso volvió a reclamar el saldo faltante bajo nuevas amenazas.
La situación se agravó cuando, diez días más tarde, una mujer se presentó en el domicilio de la víctima solicitando que se comunicara con Suppa. Bajo una nueva excusa relacionada con una supuesta delación policial, el extorsionador pidió un millón de pesos y reiteró las amenazas. En esta segunda instancia, la víctima entregó 200 mil pesos y un televisor de 32 pulgadas. Yamila Varela fue la encargada de retirar ambos elementos.
La extorsión continuó con otras demandas económicas, que ascendieron a tres millones de pesos supuestamente destinados a cubrir gastos legales. La coordinación de una entrega controlada por la Agencia de Investigación Criminal permitió detener a Varela cuando recogía el dinero en una calle del barrio Saladillo. En un allanamiento a su casa, se secuestraron dos celulares, marihuana, balanzas, 153 mil pesos y el televisor tomado como parte de pago.
La joven, de 22 años, además de enfrentar cargos por extorsión, fue condenada también a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes, sumando ambas sentencias a una pena única de siete años y seis meses. La Justicia le impuso además una reparación de 100 mil pesos y la entrega de objetos de valor incautados en 2023.
En otra de las extorsiones atribuidas a Suppa, la víctima fue el dueño de un carrito de comidas de zona sur. Este hecho quedó documentado en un audio donde el recluso advirtió: “Plata o plomo; no batás la cana, sabés cómo es esto. Trabajamos para los Cantero, sabemos quién es tu hijo, tu familia, adónde vivís, quién trabaja en el local y el horario en el que funciona”.
El archivo de voz estaba acompañado por un video donde un hombre enmascarado empuñando un arma de fuego repetía amenazas contra la familia del comerciante. Dichos elementos formaron parte clave de la acusación y se sumaron a pruebas documentales y peritajes informáticos.
En 2022, Suppa ya había recibido una condena a dos años y medio de prisión por robo agravado, lesiones y amenazas. La pena acumulada con el reciente fallo fue fijada en 13 años de prisión y una multa de un millón y medio de pesos. El caso expresa el grado de organización de algunas maniobras delictivas con origen carcelario y derivó en el refuerzo de controles y protocolos dentro de las unidades penales de la región.
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