Una vez vencido el acuerdo de seis meses establecido por la Justicia, tiempo en el que una comunidad mapuche convivió en el campo usurpado con un privado, integrantes de la autodenominada Lof Quemquemtreu serán juzgados por el delito de usurpación y el predio podría ser desalojado.
Se trata del campo ubicado entre El Bolsón y Bariloche, que el 18 de septiembre pasado fue usurpado por encapuchados, integrantes de una autodenominada comunidad mapuche.
El predio usurpado está ubicado en la ruta provincial 6, a 20 kilómetros del cruce con la ruta 40, en un sitio denominado Tapera de Los Álamos, en el paraje Cuesta del Ternero. En menos de una semana, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desalojo del predio y la medida se hizo efectiva aunque los integrantes de esa agrupación lograron reingresar y desde entonces permanecen allí.
En ese lugar el 21 de noviembre pasado, dos meses después del inicio de la usurpación, fue asesinado Elías Garay – integrante de la misma comunidad – homicidio por el que hay dos personas detenidas, vinculadas comercialmente con el empresario que explota forestalmente el campo.
Durante la tregua establecida por la Justicia para garantizar la paz social, los integrantes de la comunidad mapuche permanecieron en un radio de 10 hectáreas, con un acceso diferencial al resto de las tierras, en tanto que el empresario Rolando Rocco pretendía continuar con la explotación forestal aunque – según denunció su abogado defensor – no lo logró.
Cuando promediaba el acuerdo hubo cruces de acusaciones y advertencias para “respectar el pacto” aunque, de acuerdo al criterio de las partes, “se garantizó la paz social y hubo una tensa convivencia”.
Vencido ese plazo, comenzó una nueva etapa procesal y el conteo para el juicio para el potencial desalojo de las tierras.
Los integrantes de la agrupación mapuche, que no está registrada ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su supuesta presencia ancestral no pudo ser acreditada, mantienen firme su postura de permanecer en el lugar: “es una reivindicación territorial, no nos vamos a mover de acá”.
Romina Jones, una de las imputadas, aseguró en las redes sociales que la lof “va a seguir defendiendo el territorio mapuche, aunque nos cueste la vida”.
Además deslizó el interés de la agrupación de renovar la tregua de convivencia con el empresario que explota las tierras, para evitar de esa forma llegar al juicio de desalojo.
“Vamos a resistir y vamos a seguir cuidando el territorio por el que dio la vida Elías (Garay), así sea con nuestra vida” dijo.
Por el caso, además de Jones, están imputados Alejandro Morales, Ariadna Mansilla, Lautaro Cárdenas, Mauro Vargas y Juan Baeza.
El inicio de la usurpación
Días antes del 18 de septiembre, Rocco y sus empleados detectaron movimientos extraños en las inmediaciones del campo. Ese día unas 50 personas ingresaron a uno de los sectores del predio y desde el interior, los desafiaron e intentaron agredirlo con arrojándole piedras con gomeras y palos. También actuaron de forma hostil con funcionarios del Ministerio Público que intentaron, sin éxito, desactivar la usurpación.
“Los encapuchados ingresaron al predio y cortaron distintas especies verdes para poder armar barricadas y cerrar el predio” explicó el administrador de las tierras que pertenecen al estado rionegrino.
Los mapuches, por su parte, dijeron que “el proceso de reivindicación territorial se encuentra enmarcado como parte del levantamiento espiritual en Puelmapu. Sólo retornando al territorio es la única manera de reconstruirnos como pueblo en todos los aspectos”.
El abogado del empresario forestal, Ernesto Saavedra, dijo que el convenio por el cual se establecía una tregua “fue denunciado por incumplimiento” y se solicitó que se retomen los plazos procesales para avanzar hacia el desalojo.
“El desalojo debería ejecutarse de forma inmediata” aseguró.
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