Amnistía Internacional informó este martes que la Justicia rechazó la mayoría de las acciones legales que buscaron obstaculizar el aborto voluntario y legal en la Argentina. El organismo, que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, monitorea de cerca la implementación de la Ley 27.610, a seis meses de su aprobación.
De acuerdo con el seguimiento realizado, desde que se sancionó la ley se iniciaron al menos 31 demandas en su contra. De ese total, 27 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la normativa con efectos generales, tres demandan penal y civilmente a los responsables de su aprobación, y al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho.
En la mayoría de estos casos se demandó al Estado nacional, que registra 17 causas en su contra, frente a 10 que se iniciaron contra los Estados provinciales.
Del total de acciones contra la ley, al menos 15 fueron consideradas inadmisibles, a lo que se suman el rechazo y la suspensión de los efectos de las únicas dos medidas cautelares dictadas hasta el momento. De esos 15 rechazos, por lo menos tres ya están firmes. Además, al menos tres acciones se encuentran paralizadas hace meses.
“La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas da cuenta de la poca permeabilidad del Poder Judicial a las embestidas que buscan derribar la ley. Por lo tanto, celebramos que la Justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización se ha involucrado en las causas judiciales para proteger la ley -aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año- y para rechazar toda iniciativa que busque derribarla. Además, la organización trabaja para su implementación y por eso habilitará un canal de contacto que mañana, al cumplirse seis meses de su aprobación, estará disponible para que las personas puedan denunciar en caso de que encuentren barreras al momento de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Desigualdad y reclamos
La Argentina presenta un mapa desigual en distintas jurisdicciones. En muchas zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva de personal capacitado. Asimismo, Amnistía Internacional ha registrado falta de producción de información que incluya desde campañas de difusión hasta datos actualizados que permitan hacer un diagnóstico de los desafíos en la implementación de la ley en todo el país.
En referencia a la interrupción del embarazo, solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que autorice la producción y comercialización de mifepristona, medicamento que aumenta la efectividad del tratamiento.
También, informaron, se debe mejorar la accesibilidad a la intervención AMEU (Aspiración Manual Endouterina), dado que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro de acceso al aborto, y que debería reservarse solo para casos en los que no haya disponibilidad de otras opciones.
Finalmente, la organización exigió la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), herramienta clave para que los estudiantes conozcan sus derechos.
Homenaje a una ley histórica
Amnistía Internacional realizará una serie de acciones para celebrar los seis meses de la aprobación de una ley histórica tanto para la Argentina como para la región, por ser faro en la ampliación de los derechos de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar. La organización publicará una guía actualizada para periodistas con toda la información sobre IVE e ILE, el primero de una serie de videos explicativos en alianza con el medio Filonews, contenidos digitales co-creados para TikTok con el grupo de Jóvenes de Amnistía Internacional Argentina, piezas para compartir en redes sociales y spots que serán difundidos en diferentes provincias de la Argentina.
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