El juez de Revisión Marcelo Álvarez Melinger autorizó el desalojo del campo de El Foyel usurpado por una agrupación mapuche el jueves pasado, en el marco de una audiencia que se realizó hoy de manera virtual, atendiendo el planteo del fiscal de El Bolsón Francisco Arrien y del abogado querellante.
La medida, sujeta a posibles impugnaciones por parte de la comunidad mapuche, generó un alivio en la familia que permanece cautiva dentro de la estancia, cuyos integrantes confirmaron a Infobae que “estamos esperando una medida ejemplar de parte de la Justicia”.
El juez de garantías Ricardo Calcagno había rechazado el viernes pasado el pedido de la fiscalía de desalojar el territorio, debido a que los acusados no participaron de la audiencia convocada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Pero ese organismo y la querella plantearon un recurso de impugnación ordinario sobre esa decisión y el juez de Revisión Melinger fue asignado al caso.
En su argumentación, el magistrado aseguró que “el desalojo no afecta el derecho de los ocupantes” y afirmó que “la posesión de la familia propietaria del campo se encuentra comprometida, afecta derecho a propiedad, libertad de movimiento y una normal actividad agropecuaria del lugar”.
Dentro del territorio permanecen unas 40 personas identificadas como la lof Gallardo Calfú, quienes durante la madrugada del jueves bloquearon los dos accesos a la estancia, en el marco de un plan de reivindicación territorial que tiene antecedentes negativos para la comunidad, debido a dos resoluciones judiciales adversas para los reclamantes.
El magistrado solicitó el “resguardo inmediato” de las personas que están dentro de campo y de los propietarios del mismo, como así también de sus bienes y justificó el “desalojo forzoso” del lugar.
De esta forma, Álvarez Melinger accedió al planteo del Ministerio Público Fiscal a partir de la presentación que realizó el abogado patrocinante de la familia Soriani, Jorge Paolinelli.
Dispuso la “inmediata restitución de la propiedad a la familia Soriani” y el desalojo de los cabecillas de la banda, Blanca Rosa Gallardo Calfú y Juan Carlos Oyarzo, como así también al resto de los integrantes de la comunidad que mantienen la ocupación.
La medida deberá implementarse por fases, siendo la primera de ellas la notificación de la misma a los acusados. En caso de que no sea acatada, el magistrado dispuso continuar con el proceso contando con el auxilio de la fuerza pública, SENAF, Defensoría de Menores, auxiliares médicos y bomberos, para garantizar “los derechos a la salud y el resguardo de los bienes de las personas que se encuentran en el predio”.
La medida, explicó el juez, deberá realizarse con luz solar y no se podrá concretar en condiciones climáticas adversas.
El desalojo no se concretará hasta tanto la sentencia quede firme, una vez que se venzan los plazos previstos para apelar la resolución judicial.
La querella presentó la documentación que abala a Soriani como legítimo propietario de las tierras y narró la situación que vive la familia, que permanece cautiva desde hace cuatro días en el campo.
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