El Estado incluyó la categoría “trabajadores sexuales” en las actividades de la economía popular y luego dio marcha atrás

Sin previo aviso, de pronto la tarde lluviosa del domingo tomó otro ritmo: desde su sitio web, el Ministerio de Desarrollo Social propuso el trabajo sexual como categoría posible en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).

En otras palabras, el Estado Nacional visibilizó ayer a través de un formulario oficial la actividad sexual con el fin de “reconocer, formalizar y garantizar derechos laborales” y habilitar el acceso a herramientas y programas sociales. Entonces se vino el estallido. Pocas horas después, el mismo formulario ya no aparecía disponible y en la web pedían disculpas por una repentina desactivación temporal.

Fuentes del Ministerio confirmaron la marcha atrás y explicaron a Infobae la decisión: “Pusimos en marcha el primer ReNaTEP, que permitirá relevar las diferentes actividades. Eso generó un debate en torno a algunas categorías de trabajo en la economía popular. Escuchamos las diferentes opiniones y decidimos armar una Mesa de Trabajo a la que convocaremos a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”.

Pero la mecha ya estaba encendida y siguió su curso.

“Sepan que cuando apareció ‘trabajadora sexual’ como posibilidad lloré de emoción”. Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), compartió la novedad en sus redes sociales como un hecho histórico: finalmente, quedaban atrás los eufemismos y las opciones fantasmas. “Era la primera vez que en un registro estatal nos podíamos inscribir con el trabajo que verdaderamente realizamos. Ya no debíamos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas (…) Entienden que ahora el formulario está dado de baja para TODXS lxs trabajadorxs de la economía popular? Entienden que es un registro para conocer nuestra realidad? O sea, ni eso quieren las abolicionistas, nos quieren siempre en la clandestinidad”.

Igualmente envalentonada charló con Infobae Sonia Sánchez, que se reconoce como sobreviviente de explotación sexual: “El Estado tuvo que retroceder por la gran presión que hemos generado desde el abolicionismo. Es que están violando todos los tratados internacionales que firmaron. Porque si el gobierno reconoce la prostitución como un trabajo cualquiera lo que está legalizando es el proxenetismo. Argentina es un país abolicionista, no prohibicionista, por lo tanto si vos querés ser puta podés ser puta. Lo peligroso es que si se reglamenta la prostitución como un trabajo el gobierno saca del delito al proxeneta y lo convierte en un gran empresario del sexo. Es más, no solo al proxeneta sino también a los traficantes de personas”.

También en contra se manifestó Alika Kinan, quien se define como sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, abolicionista y directora del programa de estudios formación e investigación en trata y explotación en la universidad de San Martín.

“Reconocer la prostitución como trabajo es blanquear una de las mayores formas de violencia. Porque no es una, es un cúmulo de violencias: sexual, económica, física, psicológica pero, como hay un pago de por medio, se pretende mostrar como un trabajo. Te maltratan, te matan a piñas en una habitación, te violan, ¿o acaso te vas a creer esta romantización de la prostitución?”, opina en diálogo con Infobae. “Hay que correr la mirada, la mayoría son mujeres que están coaccionadas por la pobreza y otras vulnerabilidades, el 85% han sufrido violaciones o abuso en sus infancias o adolescencias”.

Según su posición, reglamentar la prostitución es peligroso, además de estigmatizante: “En el formulario aparecía el trabajo sexual y luego tenías dos pestañas: “cuentapropista” o “en relación de dependencia”, eso significa que el proxenetismo quedaría regulado. Si el Estado argentino regula la prostitución como trabajo le está dando un un marco abierto para que los tipos salgan a violar con toda la impunidad. En los países progresistas en los que se ha regulado la prostitución, como Alemania o Nueva Zelanda, no pudieron controlar la trata de migrantes”.

Las unas y las otras

De los modelos utilizados para abordar la prostitución, desde el año 1936 Argentina se ha declarado explícitamente abolicionista a partir de los tratados internacionales firmados y ratificados. Esto supone respetar el ejercicio de la prostitución de manera individual, por considerarla víctima de un sistema prostituyente, pero reprimir y sancionar penalmente al proxenetismo, es decir a quien promueva, facilite o comercialice la prostitución ajena.

Pero la adecuación a los marcos normativos no clausuró el debate. Por el contrario, el tema genera revuelo acá y en el mundo, y hace que posiciones distintas se vuelvan irreconciliables hasta en el lenguaje: prostitutas/ tratadas/ en situación de prostitución/ usuarios/ prostituyentes /explotación/ trabajo sexual.

Diferentes términos para expresar variadas maneras de sentir y de entender la sexualidad y la propiedad de los cuerpos (propios y ajenos). Palabras que alejan a históricas compañeras de lucha que dejan de acompañarse para disputar desde veredas opuestas. En el medio del debate, un Estado que intenta reflejar a las unas y las otras con derechos y reprimendas.

Entre los argumentos que defiende el abolicionismo (quienes creen que la prostitución no es trabajo) surge que las mujeres que promueven el trabajo sexual representan a una minoría de quienes están en situación de prostitución, explotadas y/o tratadas, y que la respuesta individual que solicitan otras posiciones no solo no resuelve la problemática de un sistema que creen prostituyente sino que habilita el sometimiento de personas.

Del otro lado de las filas, se reconocen como trabajadoras sexuales ejerciendo libremente y militan por la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social. Desde este sector, además, acusan a ciertos feminismos de un exceso de moralidad represora y de la hipocresía de defender las libres decisiones sobre el cuerpo cuando se habla de la legalización del aborto pero no en casos de prostitución.

En diálogo con Infobae, la activista travesti Florencia Guimaraes comparte sus preocupaciones: “Nos alerta que el Estado pretenda regular o avalar lo que nosotras consideramos explotación sexual, no trabajo. Como activista sobreviviente del sistema prostituyente me paro desde el abolicionismo, y nosotras lo que exigimos son políticas públicas reales y concretas para que todas las personas tengan derecho a elegir. Si no quiero estar en una esquina, que el Estado me dé las herramientas para que yo pueda definir".

Y agregó: "Repudiamos y luchamos contra todo tipo de criminalización, persecución y código contravencional que castigue, encarcele, coimee y restrinja la vida de nuestras compañeras en situación de prostitución. Necesitamos un Estado presente, y que dé oportunidades laborales para todas cumpliendo con los tratados en materia de derechos humanos que firmó. Sin alternativas reales no hay posibilidad de libre elección. Cuando no se puede escapar de la miseria, de la marginalidad, del empobrecimiento y de la violencia, la entrada en la prostitución muchas veces es la única salida. Y en el caso de nosotras, las travestis, prácticamente es la única salida.”.

Categorías identitarias

Lo cierto es que el coronavirus no sabe de nominaciones y afecta independientemente de las luchas. Por eso el 20 de marzo, mientras el presidente Alberto Fernández convocaba a una encerrona general y preventiva, las afiliadas de AMMAR -las “putas feministas”, como suelen llamarse- se organizaron para salir a hacerle frente a la pandemia. Ochenta días después el sindicato se mueve codo a codo con el Estado para gestionar la entrega de subsidios alimentarios, habitacionales y documentos para migrantes, entre otros programas sociales.

“Como parte de un movimiento de lucha que tiene 25 años nos parece fundamental poder articular con el Estado, porque es quien debe dar respuestas y brindar herramientas para los sectores más vulnerados, aunque todavía no seamos reconocidas como trabajadoras y no podamos acceder a derechos laborales”. Quien habla con Infobae es Valentina Pereyra, Secretaria General de AMMAR-La Plata.

Y sigue: “La incorporación de la categoría en el registro del Ministerio fue un logro inmenso para nosotras, y un avance en materia de derechos laborales. Duró solo algunas horas, pero en ese poco tiempo se inscribieron más de 800 trabajadoras sexuales de toda la Argentina. La situación de pandemia mundial dejó en evidencia la violación sistemática de derechos y una desigualdad social inmensa. El Estado no puede ni debe mirar para otro lado. Precisamente, el ReNaTEP ofrecía poder poner en cifras cuántas trabajadoras y trabajadores informales existen en el país, incluyéndonos a nosotras. Esperamos que el gobierno se haga cargo de esta situación y vuelva a subir el trabajo sexual como categoría, para poder generar futuras políticas públicas que permitan pensar cómo seguimos post Covid-19”.

Desde el abolicionismo también esperan otro accionar del Estado. Así lo explica Graciela Collantes, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH): “Creemos que el Estado tiene el deber de articular con todos los sectores. A nosotras no nos representa la categoría de `trabajo sexual´, nos consideramos desocupadas en situación de prostitución. El Estado debe garantizar nuestros derechos, no forzarnos a identificarnos con una situación que no hemos elegido para acceder a los derechos que nos corresponden. Como cada persona se perciba no es discutible. Acá no estamos poniendo en discusión cómo se nombra a sí misma cada compañera", explicó la activista.

"Oficializar la figura de trabajadora sexual como trabajadora de la economía popular no es lo que le pasa a cada una, es una imposición institucional que desconoce nuestra realidad como desocupadas en situación de prostitución, y eso es violento hacia nosotras. No se puede ir contra los tratados internacionales de derechos humanos, que es lo que hace el Estado si toma una decisión sobre nuestra problemática ignorando la posición abolicionista. La cosa no es en contra de trabajadoras sexuales”.

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