Para la Justicia, las amenazas que recibió un periodista que denunciaba a bandas de narcos "no constituyen delito"

En un polémico fallo, la justicia absolvió de culpa y cargo al acusado de amenazar e intimidar al periodista bahiense Germán Sasso y a otros colegas del sitio La Brújula 24, a raíz de una investigación que estaban llevando adelante relacionada con el narcotráfico y la trata de personas.

La medida fue dispuesta por la jueza en lo Correccional y Criminal Susana González La Riva, quien determinó la inocencia de Pablo Javier Herold (34) al entender que las frases vertidas hacia los periodistas "no constituyen ningún delito".

Tal como consta en el expediente, los periodistas recibieron llamados "anónimos, reiterados e intimidantes" por parte de un desconocido, que los presionaba para que dejaran de informar sobre esos temas.

"La calle está jodida y todos tenemos familia", "la cortan con el tema o se las van a ver negra" o "tienen que tener cuidado a quien denuncian", fueron algunas de las amenazas vertidas por Herold.

Cuando ocurrieron este hechos, en 2017, fue el mismo Sasso quien salió a contarlo en distintos medios de comunicación. "Hemos tenido un par de amenazas telefónicas, también una advertencia escrita que han tirado debajo de la puerta de la empresa –La Brújula 24- y arrojaron un líquido", señaló el periodista, quien detalló que en las mismas se decía que "cortemos con las denuncias que venimos haciendo desde comienzo de año relacionadas a los kioscos de droga, a los tranzas y a los narcos".

Sasso sostuvo que esas amenazas se produjeron porque con su equipo de trabajo habían decidido hacerse eco de las denuncias de la gente, investigar y denunciar: "Hay causas en curso en la Justifica Federal que avanzan. También complicidad de la Policía Bonaerense, algunos policías corruptos que cubren a los narcos".

Y señaló que a raíz de sus denuncias, hubo varios delincuentes detenidos. "Esto ha caído mal en algún sector que se maneja al margen de la ley", sentenció.

Tras las investigaciones llevadas adelante por la Justicia se comprobó que los llamados habían sido hechos desde el celular de Herold pero con un chip que había sido comprado especialmente para perpetrar esas amenazas. Y al ser indagado judicialmente el acusado justificó su accionar diciendo que "fue una broma de mal gusto".

Más allá de esta escueta declaración, la magistrada González La Riva hizo lugar a su descargo y señaló que sus dichos "no reúnen los requisitos del anuncio de un mal serio e idóneo".

Además, hizo hincapié en que "no notó ningún tono intimidante" en sus palabras y agregó, como elemento desincriminador, que el propio Herold dice en su comunicación que "no es una amenaza, sino una advertencia".

Por último, señaló que "con fundamento en las pruebas producidas, no se acreditaron los extremos típicos del delito por el que se formulara acusación; por lo que no se acreditó la existencia material del hecho en términos típicos".

Tras el fallo, la fiscal Agustina Olguín -que había pedido tres años de prisión por el delito de "coacción agravada"– adelantó que apelará ante la Cámara.

Las amenazas sufridas por los integrantes del equipo de La Brújula 24 habían provocado cambios en sus hábitos laborales y la disposición de una custodia por orden del Ministerio de Seguridad bonaerense para proteger la integridad de los trabajadores.

La "interpretación judicial", que ahora deja impune este tipo de actos, generó impotencia en el ambiente periodístico debido a que la Justicia debe garantizar la libertad de expresión -derecho fundamental de la democracia- y sancionar a aquellos que pretenden coartarla.

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