
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se refirió a los casos de abusos en la pensión de Independiente y aseguró que se trata de la "red de pedofilia más grande del país, en el sentido de que hay una enorme cantidad de casos individuales", aunque aclaró que la investigación "no da indicios de que exista una organización para poder realizar estos actos".
El funcionario, que ayer encabezó una conferencia de prensa junto a la fiscal de Avellaneda, María Soledad Garibaldi, a cargo de la investigación, ratificó que el proceso para recopilar información y elevar el expediente a un juicio contra los imputados (hasta el momento son cinco los detenidos) puede extenderse hasta dos años.
"Es probable que estemos en menos de ese tiempo, porque en solo dos semanas la fiscalía ha conseguido un avance muy importante; pero la resolución de las pruebas, suelen ser muy complejas en este tipo de casos, que fueron creciendo mucho en el último año y medio", explicó Conte Grand en una entrevista con radio La Red.

Con relación a los detenidos, el empresario Juan Manuel Díaz Vallone, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el árbitro Martín Bustos (también su abogado, Carlos Tomás Beldi), Alejandro Dal Cin y Silvio Fleyta, detalló que "hay indicios de que se conocían entre ellos por las pruebas que hemos conseguido; es una vinculación en torno a las redes sociales y no algo que los conecte en una conducción u organización determinada".
En este sentido, tanto Conte Grand como Garibaldi explicaron ayer que con la ayuda de la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, los investigadores lograron entrecruzar unas 50 comunicaciones entre los adolescentes y los detenidos. Además, se encontró que muchos otros jóvenes fueron tentados para tener relaciones sexuales pero que no accedieron.
Por otro lado, el funcionario judicial se refirió a la posibilidad de que la investigación se traslade a la Justicia de la Capital Federal. "Hay dos elementos que nos resultaron sugestivos: los rumores sobre que el Ministerio Público no contaba con los medios para llevar adelante la investigación, algo que es falso de toda falsedad, y el otro era encuadrar estos delitos como trata de personas, un delito que es federal", aseguró.
Los detalles de las prácticas a las que eran inducidos los menores de edad son verdaderamente escabrosos. Según la investigación, los abusos se daban a cambio de dinero, ropa y pasajes para ir a ver a sus familias al interior, entre otros elementos. Luego de la difusión pública de estas prácticas, la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (A.VI.VI) denunció otros tres casos de abusos en la pensión de River Plate, en base a la declaración de una médica que trabajó en el club de Núñez durante varios años.
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