El Gobierno de República Dominicana declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra el denominado “terrorismo medioambiental” mediante un decreto que ordena medidas para proteger parques nacionales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales considerados estratégicos.
El presidente dominicano, Luis Abinader, presentó la norma en el Palacio Nacional y afirmó que el Estado endurecerá la respuesta frente a acciones deliberadas o sistemáticas que causen daños graves en áreas protegidas o provoquen la desaparición de parques nacionales.
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La disposición ordena reforzar la prevención, la detección y la investigación de agresiones contra parques, cuencas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos. El decreto también prevé la coordinación de organismos civiles, militares, policiales y migratorios.
Abinader sostuvo que quienes participen en esos hechos podrán ser perseguidos sin distinción de nacionalidad. La medida alcanza tanto a los autores materiales como a las personas que ordenen, financien o faciliten las actividades que afecten el patrimonio ambiental.
El decreto abarca incendios forestales e infraestructuras de agua y energía
La norma instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a elaborar una Política Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Medioambiental.
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Ese plan deberá incluir medidas contra incendios forestales provocados y amenazas sobre instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua y a la producción energética. También deberá establecer acciones de vigilancia, intercambio de información y respuesta ante posibles ataques contra recursos naturales.
El mandatario advirtió que los incendios intencionales tienen consecuencias que van más allá de la pérdida de flora y fauna. Estos hechos pueden comprometer las fuentes de agua, alterar ecosistemas y afectar la seguridad alimentaria, según señaló.
La iniciativa contempla además canales de denuncia confidencial y el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la colaboración de los ciudadanos. El objetivo es que la población pueda alertar a las autoridades sobre actividades que pongan en riesgo áreas protegidas o infraestructuras ambientales.
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Las denuncias serán enviadas al Ministerio Público
El decreto establece que las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas al Ministerio Público, que será responsable de determinar las responsabilidades penales que correspondan en cada expediente.
Abinader señaló que las conductas incluidas en el nuevo marco podrán recibir penas de entre 20 y 30 años de prisión, según las disposiciones del Código Penal y la calificación jurídica de los hechos investigados. La referencia a penas de esa magnitud dependerá de que los casos encuadren en los delitos previstos por la legislación dominicana. El texto no crea de forma directa una pena única para todas las afectaciones ambientales, sino que dispone mecanismos institucionales para perseguir los hechos y remitirlos a la justicia.
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El presidente también vinculó el decreto con el proceso de regularización de tierras dentro de áreas protegidas. Indicó que durante décadas los parques nacionales carecieron de atención suficiente y de seguridad jurídica sobre parte de sus territorios.
Según explicó, su administración inició la titulación de áreas protegidas que aún no estaban inscritas a nombre del Estado. Esa regularización busca fortalecer el control público sobre espacios ambientales y limitar disputas vinculadas al uso, la ocupación o la explotación de esos terrenos.
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