Analistas examinan recientes modificaciones a la Constitución de El Salvador

Diversas reacciones se continúan generando en torno a las recientes reformas constitucionales en El Salvador, que entre los objetivos se encuentra desligar de partidos políticos el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para Carlos Huezo, sociólogo, el cambio representa una deuda histórica: “Despartidizar el Tribunal Supremo Electoral va a ayudar a fortalecer el sistema democrático de nuestro país... abona para bien a nuestra democracia”, dijo.

A juicio de Huezo, habilitar el acceso a ciudadanos con credenciales técnicas —y no a representantes de partidos— es un paso necesario. Destacó que la bancada mayoritaria ha asumido el compromiso de responder a ese “sentir poblacional”, en referencia al respaldo obtenido por Nuevas Ideas en las urnas.

Mauricio Maravilla, abogado, reconoció que el diseño institucional buscaba desde hace años evitar que órganos como el TSE, la Fiscalía General o la Corte Suprema de Justicia quedaran en manos de los partidos.

Recordó la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional el nombramiento de magistrados por vínculos partidarios, como en los casos de Ulises Rivas y Eugenio Chicas.

Sin embargo, Maravilla alertó que la reforma podría tener un efecto contrario al deseado. Señaló que, si bien se elimina la designación directa por partidos, el nuevo sistema otorga el control a la Asamblea Legislativa, donde predomina una sola fuerza política.

“El asunto es cuáles van a ser los filtros para los que van a aspirar a este puesto y luego, en el ejercicio de sus funciones, qué tan independientes van a ser, cuáles son las garantías de independencia que van a tener”.

El debate se centró en si este mecanismo podrá garantizar la imparcialidad del árbitro electoral o si solo traslada el poder de decisión a la mayoría legislativa, manteniendo el riesgo de concentración de poder.

Derechos políticos y circunscripción exterior: dilemas y desafíos técnicos

Otro de los puntos centrales de las reformas es la creación de una circunscripción especial para los salvadoreños residentes en el extranjero.

Además, Mauricio Maravilla, abogado, subrayó que la reforma contempla que la diáspora salvadoreña tendrá representación directa en la Asamblea Legislativa, atendiendo un reclamo histórico de quienes han mantenido lazos económicos y familiares con el país desde el exterior.

Maravilla detalló que este derecho ha sido impulsado por organizaciones de la sociedad civil y recordó su experiencia recibiendo delegaciones de salvadoreños en Estados Unidos y Europa que exigían reconocimiento político. “El asunto está en cuestiones más técnicas, como la subrepresentación o la sobrerrepresentación”.

Según el abogado, la reforma constitucional reconoce el derecho, pero deja pendiente su implementación práctica. Advirtió sobre el riesgo de que la asignación de escaños se base en el registro electoral y no en datos de población, como establece el artículo 79 de la Constitución.

Esto podría alterar la representación, como ya ha sucedido en San Salvador por el traslado de votos de ciudadanos sin domicilio en el país.

Carlos Huezo, sociólogo, sostuvo que los salvadoreños en el exterior tienen los mismos derechos que quienes residen en el país y observó que algunas organizaciones no acompañan plenamente la reforma. Subrayó que la baja participación electoral no debería ser argumento para negar el derecho a elegir y ser electos.

El debate se extendió a la reducción y redistribución de escaños. Se citó a Marcela Villatoro, diputada de ARENA, quien expresó que quitar diputados a departamentos para asignarlos a la circunscripción exterior dejaría “sin representantes” a sus electores.

Durante la entrevista de Diálogo también se citó a Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas: “Si me preguntan a mí, tienen que ser sesenta, no más, no estar agregando más diputados”. De acuerdo con Maravilla, debe ir acorde a la reforma aprobada por su partido. La fórmula de representación y el método de asignación de escaños, según Maravilla, son el “alma del sistema” y no simples detalles técnicos.

Naturaleza y jerarquía de la Constitución: ¿norma suprema o instrumento ordinario?

La entrevista abordó si la Constitución sigue siendo la norma suprema o ha perdido ese carácter ante la rapidez y frecuencia de las reformas. Para Carlos Huezo, sociólogo, los cambios eran necesarios y respondían a demandas legítimas, en especial la inclusión de los connacionales en el exterior.

Mauricio Maravilla, abogado, sostuvo que la Constitución, como principal acuerdo político de la sociedad, debería cambiar solo tras amplios consensos y con pleno conocimiento de las consecuencias.

“Su modificación ahora está a merced de una decisión que pueda tomarse en cuestión de horas o de días. Cuando las implicaciones son múltiples y de largo aliento”.

Reconoció que actualizar el texto constitucional es positivo si se trata de ampliar derechos y responder a nuevas realidades. No obstante, advirtió que las reformas recientes no han buscado solo ampliar derechos, sino también “generar mecanismos de concentración de poder”.

El panel analizó el caso del Tribunal Supremo Electoral, que históricamente se ha conformado con magistrados propuestos por partidos y por la Corte Suprema de Justicia. La reforma constitucional, según Maravilla, busca cambiar ese postulado, aunque deja para una ley secundaria la forma en que se implementará.

Riesgos democráticos y controles institucionales: concentración de poder versus rendición de cuentas

El cierre de la entrevista se centró en los riesgos que las reformas pueden acarrear para la democracia salvadoreña. Mauricio Maravilla, abogado, alertó sobre la tendencia a suprimir controles interinstitucionales, con un creciente dominio del partido mayoritario sobre los órganos de control.

Aportó datos sobre la campaña electoral de 2024, donde el gasto gubernamental en propaganda superó ampliamente al de los partidos opositores, sin que el TSE interviniera para corregir la desigualdad.

“No se está buscando superar esos riesgos, sino profundizarlos, porque si no cuentas con un Tribunal Supremo Electoral independiente, incluso ese elemento básico de unas elecciones competitivas se pone en riesgo”.

Por su parte, Carlos Huezo, sociólogo, defendió que la reforma empodera a la ciudadanía y que la mayoría parlamentaria responde al mandato popular. “El sentir poblacional es el mejor juez que tenemos hoy por hoy... hay que seguir empoderando a la ciudadanía”.

Mauricio Maravilla, abogado, respondió que una democracia plena requiere no solo elecciones libres, sino también controles, rendición de cuentas y garantías de independencia institucional. Citó informes internacionales que registran un retroceso en los indicadores democráticos del país.

El debate cerró con la observación de que el reto de las reformas será garantizar su implementación con criterios técnicos y controles efectivos, para no sustituir una influencia política por otra.