El Gobierno acelera cambios en la regularización de armas y busca prorrogar la entrega voluntaria hasta 2027

El Gobierno reactivó en las últimas horas un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y ya agendó un plenario de comisiones de cara a pasado mañana, para que el Senado apure su trámite y sancione una ley que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

La reunión involucra a las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales. La primera es la cabecera para discutir una iniciativa que la Casa Rosada envió hace poco menos de dos años con las firmas de Javier Milei; la entonces ministra de Seguridad y actual jefa oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich; y el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. El texto en cuestión perderá estado parlamentario en febrero próximo.

Al mandar al Congreso el proyecto, en mayo de 2024, la Casa Rosada fundamentó en su mensaje “la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, para lo que se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo”.

“Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”, añadió el Ejecutivo libertario.

En otro de los argumentos, el oficialismo manifestó: “Todavía existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Por tanto, deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.

“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas de las cuales se estima que más de ochocientas mil (800.000) están en una situación irregular”, aseveró el Gobierno.

Tras la aprobación en Diputados, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, aterrizó en el Senado para defender la ley y explicó: “En cuanto a la digitalización, cuando nosotros asumimos, los legítimos usuarios tenían que hacer 500 kilómetros, 300 kilómetros para poder estar a derecho. Hoy, eso se achicó muchísimo, pero nuestro objetivo final es que todos puedan hacer el trámite desde la casa. Por supuesto que tienen que hacer los requisitos previos de ley, que son la aptitud de tiro, el psicofísico, todo eso”.

“Una vez que entra a la ANMAC -hoy, RENAR-, que pueda ser de punta a punta digital. Eso ahorra tiempos, ahorra costos y le es mucho más fácil a la gente estar dentro de la ley. Ese es nuestro objetivo: que sea fácil estar dentro de la ley. ‘Fácil’ no significa modificación de fondo de los requisitos. No estamos tocando los requisitos para la tenencia, ni para la portación, ni para legítimo usuario; siguen siendo los mismos”, sentenció Allan.

El plenario es una de las pocas actividades que tiene confirmadas, hasta ahora, la Cámara alta. Además, la comisión de Relaciones Exteriores analizará mañana un puñado de convenios y acuerdos internacionales. Queda pendiente la continuidad o no de la discusión sobre la iniciativa libertaria que “blinda” la propiedad privada. Dialoguistas ya perfilan objeciones en cuanto a tierras rurales en manos extranjeras y las modificaciones sobre el registro nacional de barrios populares.