ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.

De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios.

La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social.

Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas.

De qué se trata la supuesta campaña rusa

Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales.

La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.

La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.

En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido.

Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso.

La investigación requirió al juzgado que remita vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal, teniendo en cuenta la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado puntualizó que la denuncia no califica preliminarmente los hechos para no forzar una figura penal y destacó la urgencia de actuar con celeridad para resguardar pruebas.