En la semana previa a las sesiones extraordinarias, Bullrich inicia el “cara a cara” en el Senado por la reforma laboral

A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.

El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.

La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.

Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo" a muchos legisladores.