Tras los incidentes, finalmente se aprobó la ordenanza que regula la actividad de los trapitos en Quilmes

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este lunes una ordenanza que reorganiza el sistema de estacionamiento y regula la labor de los cuidacoches, tras una jornada marcada por incidentes y una protesta que alcanzó el edificio municipal. La sesión, que contó con respaldo de la mayoría de los bloques, se realizó en un contexto de alta tensión: en las afueras del recinto, manifestantes identificados con organizaciones sociales encabezadas por sectores vinculados al diputado nacional Juan Grabois enfrentaron a las fuerzas de seguridad para expresar su rechazo a la medida. Los hechos de violencia, protagonizados por un grupo de personas encapuchadas que arrojaron piedras e intentaron ingresar al recinto, motivaron una fuerte custodia policial y derivaron en repudios de las autoridades locales.

El nuevo marco legal busca, según información oficial del Municipio de Quilmes, responder a una demanda histórica de vecinos y vecinas en torno al ordenamiento del tránsito, la seguridad vial y el uso del espacio público. Entre los puntos centrales, se destaca la convocatoria a una licitación pública para gestionar el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), con la novedad de que las personas que ya desarrollaban la tarea de manera informal serán incorporadas formalmente, con acceso a aportes jubilatorios y obra social. De esta forma se intenta dar respuesta a numerosas denuncias por la presencia de cuidacoches informales, conocidos popularmente como “trapitos”, especialmente en el centro de la ciudad.

Durante la sesión, la tensa atmósfera en las inmediaciones del Concejo Deliberante respondió al rechazo de organizaciones de trabajadores de la economía popular, que reclamaban la inclusión directa de sus miembros en la operatoria del sistema sin atravesar el proceso licitatorio. Las autoridades municipales reafirmaron su decisión de no realizar adjudicaciones arbitrarias y garantizar la transparencia del llamado a licitación, al tiempo que condenaron de manera enfática los hechos violentos registrados durante la jornada.

Según relató el Municipio de Quilmes, un grupo de aproximadamente 30 personas encapuchadas intentó irrumpir en el edificio durante la mañana del lunes, arrojando piedras y generando destrozos para intentar suspender el normal desarrollo del debate legislativo. “Desde el Municipio de Quilmes se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones”, notificó la administración local en un comunicado.

Las protestas, impulsadas centrales por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), motivaron un fuerte cruce de declaraciones entre dirigentes políticos del propio peronismo bonaerense. En declaraciones realizadas en redes sociales, Juan Grabois cargó contra el gobierno local dirigido por Mayra Mendoza: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”.

En ese mismo mensaje, el dirigente expresó: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF, el espacio que responde a Kicillof) me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja... pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga”. Grabois sostuvo que no participó directamente de la organización de la protesta, aunque expresó su “cariño particular por el movimiento” que ayudó a fundar en 2001. El dirigente añadió que, además de los incidentes en las calles, se produjo la detención de una periodista que cubría la protesta: “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder”.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció mediante un comunicado que el operativo policial comenzó cuando los trabajadoras y trabajadores reclamaban ser escuchados antes de la votación de la nueva norma, la cual consideran representa una privatización del tránsito municipal. “Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada”, señalaron los representantes de la organización en declaraciones a la prensa local.

Desde la Municipalidad aseguraron que la reforma responde a reiteradas denuncias vecinales sobre el accionar de los cuidacoches y que la modalidad de licitación pública elegida permitirá la participación de cualquier interesado que cumpla con el pliego. Afirmaron también que la ordenanza contempla específicamente la incorporación formal de quienes ya venían desarrollando la tarea de estacionamiento, respetando así derechos laborales tales como la cobertura médica y los aportes jubilatorios.

El Concejo Deliberante aprobó la norma con amplio respaldo de los distintos bloques. El texto establece criterios claros para ordenar el tránsito y el estacionamiento, incorporar herramientas tecnológicas y reducir la congestión vehicular. La gestión del estacionamiento medido quedará en manos de la empresa o cooperativa que resulte adjudicataria por el mecanismo licitatorio, en el que podrán inscribirse los postulantes que cumplan con los requisitos exigidos.

La sanción de la ordenanza fue interpretada desde la gestión local como un paso fundamental para modernizar el tránsito y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente. “Este plan integral reafirma el compromiso del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante con una ciudad más ordenada, segura y pensada para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad quilmeña”, sostuvieron fuentes oficiales.

En la tarde del 22 de diciembre, y ya con la aprobación legislativa confirmada, el edificio municipal continuaba rodeado de efectivos policiales, mientras militantes de organizaciones sociales permanecían en las inmediaciones exigiendo la liberación de los detenidos durante los incidentes y advirtiendo la continuidad de las protestas en caso de que no se revisen las condiciones del proceso licitatorio.