Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado y presenta alternativas para avanzar con su sanción

El día después de la definición de insistir con la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin déficit fiscal, el Gobierno definió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y diseñó una serie de propuestas que incluirán para mantener el déficit cero, una de las condiciones innegociables del presidente Javier Milei.

“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó a este medio un importante funcionario.

Si bien la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei había resuelto volver a la carga con las derogaciones, finalmente desistieron de la idea y los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaboraron una contrapropuesta que presentarán para aprobar la Ley de Leyes que este mediodía obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores.

Esta tarde de viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió nuevamente a la titular del Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem en su despacho para ordenar la hoja de ruta legislativa durante el período de sesiones extraordinarias.

En medio del desorden interno, el Poder Ejecutivo trabajó en un ofrecimiento que contempla la posibilidad de negociar con los aliados para sancionar el Presupuesto antes de fin de año. Según pudo saber Infobae de importantes fuentes Gobierno, en base a ley que dictamina la emergencia en discapacidad, que -precisan- será respetada, propondrán incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones en torno a lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones.

Para este punto, aclaran que la pensión será compatible con un vínculo laboral cuando los ingresos del beneficiario no superen el monto de dos salarios mínimos vitales y móviles que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.

Asimismo, tienen en mente la idea de mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Se establece que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado”, precisaron al respecto a este medio, y agregaron que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) determinarán de forma trimestral el mecanismo de ajuste. Lo hará de manera conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. En caso contrario, se determinarán tomando como referencia al IPC.

Otra de las modificaciones tiene que ver con el artículo referido a las auditorías de las pensiones con el objetivo de acelerarlas y profundizar el procedimiento de baja de las que presenten irregularidades.

Además, propondrán eliminar la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantendrá la solo por invalidez laboral. En la ley vigente quedaba conformada la nueva pensión no contributiva para protección social. “De este modo se eliminan los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión”, argumentó una fuente al tanto.

Con respecto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, no avanzarán con su derogación, pero en cambio propondrán aumentar el 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025.

Con respecto a la actualización salarial, que por ley estaba sujeta a la inflación, sugieren efectivizarla de manera escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, y luego cuatro aumentos periódicos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026, según precisaron a Infobae.

También intentarán establecer que el mes de junio sea el determinante para que el Poder Ejecutivo evalúe compensar las diferencias registradas por inflación, en lugar de hacerlo de forma automática, y avanzarán en el reconocimiento del aumento de becas previsto.

Con las derogaciones al margen, la administración libertaria volverá a la carga con la idea de incorporar los artículos restantes que estaban previstos en el capítulo XI del proyecto de ley. De esta forma, se agregará los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación realice las “adecuaciones presupuestarias necesarias” para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Esta decisión tiene lugar luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitase al ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda esta mañana.

En Balcarce 50 hay intenciones de que el Presupuesto 2026 sea aprobado en diciembre por lo que flexibilizaron el capítulo XI para su sanción, lo que les permitirá avanzar en la negociación con los gobernadores y bloques aliados que opusieron resistencia en Diputados. “Es un Presupuesto con déficit cero”, insisten.

Una importante fuente involucrada en la negociación relevó a este medio que la sanción de la partida presupuestaria es clave para avanzar con la Reforma Laboral que incluye ítems tributarios durante el mes de febrero. Asimismo, revelaron que Patricia Bullrich sondeó con algunos senadores aliados la contrapropuesta del Ejecutivo.