“El Gobierno va a todo o nada con la reforma laboral para quitarle el poder histórico a los sindicatos”, advirtió un especialista

El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano alertó sobre los riesgos de la descentralización de la negociación colectiva y señaló que varias de las propuestas podrían ser judicializadas

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Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista,
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, analizó en Infobae en Vivo los alcances del proyecto sobre la reforma laboral.

La próxima reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional generó un profundo debate en la mañana de este jueves durante el programa de Infobae en Vivo, donde Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, advirtió sobre las consecuencias de una serie de modificaciones previstas en el proyecto.

“El Gobierno va a todo o nada con esto de cruzar a los sindicatos y quitarles su poderío histórico”, sostuvo, señalando la descentralización de la negociación colectiva y una batería de cambios que afectan directamente tanto a los trabajadores como a las organizaciones gremiales.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Ottaviano puntualizó cuáles fueron, a su criterio, los ejes más conflictivos del texto firmado por el presidente y presentado en el Congreso, advirtiendo sobre la falta de consenso social y anticipando que muchas de las modificaciones centrales pueden derivar en una ola de judicialización.

Puntos y controversias

Uno de los focos principales planteados por Ottaviano fue la “descentralización de la negociación colectiva”. Según explicó, esto significaría que la negociación colectiva de actividad podría ser “perforada” si la misma empresa acuerda condiciones laborales inferiores a las que fija el convenio sectorial.

Y amplió: “Se proyecta que la negociación colectiva de actividad pueda ser perforada, es decir, contenga peores condiciones en la negociación colectiva de empresa. Esto no solo debilita a los sindicatos, sino también a los trabajadores en su conjunto, porque la regla vigente es que los acuerdos de empresa solo pueden mejorar las condiciones del convenio de actividad. Esa regla se invierte”, subrayó.

Otra de sus advertencias se centró en la creación de un fondo obligatorio para solventar indemnizaciones por despido. El abogado especificó que el proyecto contempla que ese aporte sea compensado con recursos de la Seguridad Social: “Lo curioso es que el Estado manejaría el financiamiento de los despidos con recursos de la Seguridad Social. Es decir, se terminaría destinando dinero que debería estar abocado a la asistencia social para cubrir despidos, lo que puede traer un fuerte debate ético y económico”.

Respecto a las asambleas gremiales, Ottaviano advirtió: “Se prevé sancionar a los trabajadores que participen de asambleas que no hayan sido permitidas por los legisladores. Esto genera una complicación clara tanto para los trabajadores como para los sindicatos”.

Ottaviano se refirió a la
Ottaviano se refirió a la importancia del Congreso de la Nación, respecto a la iniciativa oficial: "Ya no es una conversación pública o privada entre funcionarios y sindicalistas. Ahora sí se pondrá en funcionamiento la democracia y habrá que ver cuál es el trámite parlamentario" (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

El letrado añadió que el proyecto también extiende el carácter de “servicios esenciales” a la mayoría de las actividades económicas, lo que tendría como efecto inmediato limitar el derecho de huelga. Sobre este punto, fue categórico: “Esto sobrepasa largamente los estándares de la OIT, que solo permite limitar el derecho de huelga a actividades que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. La educación no es un caso en el que debería considerarse esencial. Así, se obliga a garantizar guardias mínimas en actividades que no lo ameritan, como si las escuelas fueran hospitales”, remarcó.

En su análisis, Ottaviano profundizó sobre los puntos referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos: “El proyecto pretende que caigan los acuerdos y convenios colectivos ligados a las cuotas solidarias, lo que afectaría los recursos tanto de los sindicatos como de las cámaras empresarias”. En este sentido, sostuvo que las posibles disputas que surgirán de estas modificaciones probablemente terminen en la Justicia, lo que suma incertidumbre a todo el sistema laboral.

Además, el abogado distinguió cuidadosamente conceptos: “Una cosa es la cuota solidaria, que es lo que los trabajadores aportan al sindicato y las cámaras por fuera de la cuota de afiliación; otra cosa es la cuota de afiliación, que requiere autorización expresa del trabajador. El proyecto dificulta esto último y me parece que va a traer judicialización. El aporte solidario no está prohibido expresamente, pero las cláusulas que lo habilitan caerían con el fin de la ultraactividad de los convenios, lo que afectaría el financiamiento sindical”.

Al ser consultado sobre el tratamiento de las indemnizaciones en el proyecto, Ottaviano aclaró: “No se incluyó el fraccionamiento en cuotas largas de las indemnizaciones, como se había pensado. Pero sí hay un ajuste en la base de cálculo, con una mayor previsibilidad en los ítems que pueden tenerse en cuenta al calcular la antigüedad, que es el componente más importante a la hora de sumar la indemnización final. Se deja fuera de la base las vacaciones, los aguinaldos y los adicionales. Esto ya estaba previsto desde 2004, pero algunos jueces consideraban otros rubros como salario. Aquí hay un intento de discutir con los jueces más que de mejorar la ley”.

El rol de la justicia laboral

El abogado advirtió que este ajuste en la base de cálculo podría tener un efecto limitado: “Puede evitar por un tiempo que algunos jueces confirmen la jurisprudencia que otorga indemnizaciones elevadas, pero esto ya está en la ley. Esto resetea los mismos criterios, pero los jueces pueden seguir interpretando y hasta declarar inconstitucional una norma si lo estiman necesario. No es privativo de la justicia del trabajo”, aseveró.

Sobre el argumento instalado por el sector empresarial acerca de que la reforma bajará los niveles de litigiosidad laboral, el especialista fue tajante: “La litigiosidad relacionada a despidos es ínfima frente al total de causas laborales. El 80% de los litigios laborales en Argentina tienen que ver con los riesgos del trabajo, la reparación de accidentes y enfermedades profesionales, según las estadísticas. La ley de riesgos del trabajo es de 2017 y es la que más juicios genera, y sobre este punto el proyecto no modifica nada”, sostuvo.

Por otro lado, Ottaviano hizo hincapié también criticó la idea de bajar costos laborales para impulsar la contratación: “En un contexto de contracción económica, por más baja que sea la indemnización, la contratación laboral no va a aumentar si la actividad no se recupera. No alcanza con facilitar el despido”, insistió.

Ottaviano criticó al Ministro de
Ottaviano criticó al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "El Gobierno terminó presentando una iniciativa que no representa el acuerdo social, sino que fue impulsada, entre otros, por Federico Sturzenegger".

La posible reacción de la Justicia frente a estas disposiciones fue un punto destacado por Ottaviano, quien anticipó: “Creo que muchas de estas medidas van a terminar judicializándose. Hay confusión y superposición de regulaciones. Hasta que el Parlamento no lo trate y la Corte eventualmente no lo revise, será un tema de interpretación. Hay distintas maneras de atacar los recursos de los sindicatos, y este proyecto avanza en todas”.

Sobre el proceso de diálogo previo a la presentación de la reforma, Ottaviano fue muy crítico: “No es un proyecto de ley que surge del diálogo social entre el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos. El Consejo de Mayo fracasó en su rol como espacio de consenso. El Gobierno terminó presentando una iniciativa que no representa el acuerdo social, sino que fue impulsada, entre otros, por Federico Sturzenegger, quien ha dicho que el objetivo es desarticular el poder de los sindicatos por considerarlos un obstáculo para el desarrollo en Argentina”, aseguró el abogado.

Analizando la estrategia oficial, fue contundente: “Hasta último momento parecía buscar avales o instancias de diálogo, incluso privadas, pero por varios motivos no había forma. El Gobierno va a todo o nada en el intento de desarticular la negociación colectiva, el poder sindical y la representación de trabajadores y cámaras empresarias”, remarcó.

En el tramo final de la entrevista, consultado sobre los desafíos parlamentarios que enfrenta el proyecto, subrayó: “Ahora empieza la verdadera discusión, bajo las reglas del Parlamento. Ya no es una conversación pública o privada entre funcionarios y sindicalistas. Ahora sí se pondrá en funcionamiento la democracia y habrá que ver cuál es el trámite parlamentario. No quiero anticipar cómo va a terminar esto, pero es un proceso abierto y complejo”.

La entrevista completa a Juan Manuel Ottaviano

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