Los gobiernos de las provincias de Córdoba y Santa Fe volvieron a plantear públicamente la necesidad de que el Estado nacional impulse un plan de infraestructura federal, que reactive la obra pública. El pedido fue realizado por funcionarios provinciales durante la realización de 12° jornada de infraestructura, que tuvo lugar en la capital cordobesa y tuvo presencia de empresarios de la construcción.
Se dio, además, un día después de la presentación de la ley de presupuesto 2026, en cadena nacional, por parte del presidente Javier Milei. Allí el jefe de Estado adelantó que el orden de las cuentas públicas alcanzado permitiría destinar fondos para financiar el mantenimiento de la infraestructura productiva en el país.
El encuentro, organizado por la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba, sirvió de plataforma para que los ministros Fabián López (Córdoba) y Lisandro Enrico (Santa Fe) expresaran una coincidencia entre ambos distritos: el reclamo por un giro en la política nacional de infraestructura y la necesidad de reglas estables. En medio de una audiencia formada por empresarios y referentes del sector, López y Enrico remarcaron que si no se revierte la parálisis de obras viales, energéticas y de servicios básicos, será imposible atraer inversiones y sostener el crecimiento económico. Esta postura fue reforzada por los empresarios presentes, quienes alertaron sobre el deterioro progresivo de la infraestructura y el costo elevado de no intervenir a tiempo.
El pedido se enmarca, además, en la reciente conformación del bloque político de provincias unidas, que tiene a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, como protagonistas del espacio. Desde allí, los jefes provinciales se han mostrado críticos de la Casa Rosada.
Según declaraciones de Enrico recogidas por La Voz, los anuncios del presidente generaron expectativas moderadas: “Vamos a ver en los hechos”, respondió cuando se le preguntó sobre el compromiso presidencial de retomar parcialmente la inversión en infraestructura.
En su intervención, López coincidió con su par santafesino y agregó: “Comparto con Lisandro esa mirada escéptica. Ojalá que haya un cambio de rumbo. Ojalá haya una recapacitación y nos convoquen a rediscutir un plan de inversión en obras”. Además, el funcionario cordobés detalló que su provincia tiene en marcha inversiones energéticas por unos 200 millones de dólares, con énfasis en proyectos que persiguen sostenibilidad fiscal y ambiental.
Ambos ministros remarcaron el impacto de la falta de planificación federal sobre proyectos estratégicos compartidos, como el acueducto interprovincial, que continúa su avance pero enfrenta desafíos por la volatilidad de los precios y la necesidad de acordar ajustes con los fondos internacionales que lo financian. López explicó que negociar ajustes “es muy difícil de explicar” en un entorno de inestabilidad económica, pero aseguró que los equipos técnicos buscan resolver estos puntos para garantizar la continuidad de las obras.
Los funcionarios también pusieron el foco en el financiamiento federal y el destino de los recursos. López subrayó que, en concepto de retenciones agropecuarias, la Nación recauda unos 3.500 millones de dólares anuales en la provincia, lo cual significaría un cambio radical en la infraestructura regional si esos fondos fueran invertidos de manera sostenida.
Del lado santafesino, Enrico analizó los cambios institucionales recientes tras la jura de la nueva Constitución provincial y la importancia de la continuidad de los ejecutivos locales en el desarrollo de grandes obras. Además, destacó la necesidad de fortalecer el desarrollo portuario y de rutas de acceso para apoyar la expansión productiva, e hizo mención al impacto negativo de la desvinculación de los 15 jefes de Vialidad Nacional en las provincias, decisión tomada por Eduardo “Lule” Menem.
El ambiente empresarial reforzó la advertencia sobre el atraso de la inversión pública. Gustavo Weiss, presidente de Camarco, sostuvo que el ritmo de deterioro de la infraestructura nacional está en torno al 4% anual y que, para evitar un colapso, sería necesario destinar 70 millones de dólares por día o 25.000 millones al año solo para mantenimiento. “Hoy estamos muy lejos de esa meta”, afirmó Weiss ante los asistentes.
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