El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el envío del proyecto de ley de Presupuesto 2026 ha generado escepticismo en el Congreso de la Nación, donde la atención se ha desplazado hacia los movimientos del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la distribución de 12.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varias provincias. Mientras el Ejecutivo promete incrementos en partidas para jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad por encima de la inflación, la oposición y los legisladores provinciales evalúan el impacto real de estas medidas en el contexto de las próximas votaciones clave.
La decisión de Milei de priorizar aumentos presupuestarios en sectores como las jubilaciones y la educación responde a la presión ejercida por el Congreso, que en reiteradas ocasiones aprobó leyes para incrementar los fondos de estos rubros, vetadas posteriormente por el propio presidente. Este anuncio se produce en vísperas de una sesión en la que la Cámara de Diputados debatirá la posibilidad de rechazar los vetos presidenciales sobre la emergencia en pediatría y los presupuestos universitarios.
En el ámbito legislativo, la percepción general es que el mensaje presidencial y la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 tendrán un efecto limitado en la definición de votos para estas iniciativas. En cambio, la atención se centra en la gestión de Lisandro Catalán, quien, tras asumir su cargo, autorizó transferencias millonarias a provincias gobernadas por aliados y opositores: 4.000 millones de pesos a Misiones por emergencia hídrica, 3.000 millones a Entre Ríos por desequilibrio financiero, 3.000 millones a Santa Fe por emergencia climática y 2.500 millones a Chaco para atender la emergencia agropecuaria. Desde la oposición, señalaron que “eso que hizo Catalán tiene más impacto dentro del recinto que el anuncio de Milei. Lo estamos monitoreando”, en referencia a la influencia de estos fondos en la correlación de fuerzas parlamentarias.
El cálculo político en la Cámara Baja se vuelve determinante: para insistir con las leyes vetadas, la oposición necesita alcanzar los dos tercios de los votos antes de que el oficialismo y sus aliados logren sumar un tercio. En este escenario, el posicionamiento de los diputados que responden a los gobernadores provinciales puede inclinar la balanza. Solo considerando Chaco, Misiones y Entre Ríos, el oficialismo podría contar con 9 diputados pertenecientes a fuerzas alineadas con los gobiernos provinciales. Por cada voto que respalde el veto presidencial, la oposición debe sumar dos votos para rechazarlo.
A este grupo se suman los legisladores de Santa Fe, donde los 4 diputados del PRO y los 2 de Futuro y Libertad han acompañado en votaciones previas a La Libertad Avanza. En total, hay 15 diputados cuyo voto podría variar según las directivas de los jefes provinciales, especialmente aquellos que en ocasiones anteriores se ausentaron o apoyaron los presupuestos universitarios.
La incertidumbre persiste respecto a la votación sobre el Hospital Garrahan y las universidades, donde, según un operador político, “en las primeras estimaciones creemos que con Garrahan no hay problema y universidades estamos justos. Hay que seguir de cerca la política de la billetera”. Este mismo referente criticó el cambio de estrategia del Ejecutivo: “Ahora sí hay plata. Durante casi dos años utilizaron el látigo con los gobernadores pero ahora, en donde algunos mostraron un poquito los dientes, empezaron a abrir la billetera. Aparecieron obras para Chubut, que el gobernador tiene dos diputados y que siempre pone uno de cada lado, fondos para Tucumán que tiene un bloque de 3 diputados, para Salta que tiene otros 3 legisladores, los ATN, salieron a comprar votos”, expresó un diputado opositor, aludiendo a la utilización de recursos federales para influir en la votación parlamentaria.
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