Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restituyó las normas que habían sido eliminadas mediante decretos delegados

Luego de que el Poder Ejecutivo emitiera una serie de decretos que implicaban la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos, las medidas quedaron disueltas tras contar con la desaprobación del Congreso. De esta manera, anunciaron que los cambios volvieron a cero.

Las medidas de desregulación quedaron sin efecto oficialmente esta madrugada, tras la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos“, indicaba el primer documento.

De esta forma, las modificaciones que fueron canceladas son las siguientes:

• la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).
• la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).
• la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).
• la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

En el segundo artículo del mismo, se dispuso la restitución de los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/2025), de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto 571/25), y de las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).

Además, incluyó el reestablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

A raíz de esto, las autoridades aclararon que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025“.

Incluso, indicaron que la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retornen a sus funciones.

En cuanto al Decreto 628/2025, este ordenó la eliminación de los cambios aplicados en el Decreto 340/2025, que aprobaba un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”. En el mismo, también se había declarado a la navegación por agua marítima y/o fluvial como servicio esencial tanto como para el transporte de pasajeros, como para mercaderías.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto“, establecieron en el primer artículo.

De acuerdo con los antiguos cambios, se había puesto como obligación ofrecer el 75% de la prestación normal de los servicios, aunque estos fueran afectados por conflictos colectivos. También se habían flexibilizado los requisitos para la contratación de personal y se habían quitado las barreras burocráticas.

La eliminación de los cambios ordenados por decretos fueron rechazados definitivamente el 21 de agosto pasado, cuando el Senado trató las desregulaciones impulsadas por el presidente Javier Milei. A lo largo del debate, la oposición apuntó la falta de justificación de eliminar organismos como, por ejemplo, Vialidad Nacional por presuntamente haber presentado casos de corrupción.

Por su parte, el líder del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió las medidas al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”. Y criticó el aumento de empleados en los organismos en los últimos años al apuntar: “Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos“.