El proyecto de ley por el cual se blinda a los contribuyentes para que puedan utilizar los dólares en el colchón aún no tiene fecha de inicio de debate.
Se especulaba que la discusión arrancaría la semana próxima, pero la falta de consenso con los bloques dialoguistas complica el avance. Uno de los principales temas de desacuerdo radica en la brecha entre lo anunciado públicamente y el texto presentado en el Congreso.
En un decreto inicial, el Gobierno había restringido el alcance del esquema a las rentas de fuente argentina. Sin embargo, el texto enviado al Congreso la semana pasada no repite esta restricción y amplía la medida a las rentas no declaradas obtenidas en el exterior. Esto termina configurando un blanqueo sin costo y cada vez con mayor alcance.
Este aspecto generó tensiones con los bloques más cercanos al oficialismo, ya que supera lo señalado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazos, en conferencia de prensa.
Otra diferencia surge en torno a que el “blanqueo” excluye a los monotributistas: quienes deseen sumarse deberán inscribirse como responsables inscriptos.
La iniciativa, denominada Principio de Inocencia Fiscal, fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal. El oficialismo pretendía que el proyecto llegara al recinto durante la primera semana de julio, aunque la ausencia de acuerdos con otras fuerzas demora el cronograma.
Las tres comisiones, encabezadas por el oficialismo o sus aliados -Presupuesto a cargo de José Luis Espert, Legislación General liderada por Santiago Santurio y Penal por la diputada Laura Rodríguez Machado-, aún no convocaron al plenario para tratar la ley.
La dificultad principal radica en Presupuesto. Mientras en Legislación General y Penal el oficialismo y sus aliados suman 31 votos en cada caso, en la comisión de Presupuesto, que preside Espert, de sus 49 integrantes, Unión por la Patria cuenta con 21 para oponerse y suma además un voto del Frente de Izquierda.
El escenario en el Congreso se modificó para el oficialismo, que pasó de acumular victorias parlamentarias en 2024 a enfrentar derrotas recientes.
La cercanía de las elecciones, la división del PRO tras los resultados porteños y el incumplimiento de compromisos con sectores como la Liga del Interior afectan la disponibilidad de apoyo por parte de quienes antes resultaban receptivos a las propuestas libertarias.
En este contexto, la Casa Rosada tomó la iniciativa de las negociaciones junto a los gobernadores. Hasta ahora, 12 de los 23 jefes provinciales, más el Jefe de Gobierno porteño, firmaron el acuerdo con la Nación para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, orientado a permitir el uso de dólares no declarados.
Firmaron Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Chubut y los peronistas de Catamarca y Tucumán, que fueron los primeros en sumarse.
Pese a estos avances, al oficialismo aún le faltan los apoyos necesarios para avanzar. Requiere el respaldo, al menos parcial, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia. En este punto, resulta decisivo el rol de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que todavía no acompañaron y disponen de legisladores claves, como Martín Llaryora.
El martes está previsto un nuevo encuentro en la Casa Rosada. Los mandatarios provinciales presentarán reclamos, especialmente por fondos para obra pública, y el Ejecutivo libera recursos de manera gradual y condicionada al respaldo legislativo.
Por el momento, la ley que busca dar resguardo a los contribuyentes para que legalicen dólares no declarados permanece sin tratamiento, igual que la denominada ley Hojarasca. El avance del proyecto Principio de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad del oficialismo para destrabar negociaciones en un Congreso que muestra señales de estancamiento.
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