El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la estructura interna de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Se trata de un reordenamiento clave para optimizar su funcionamiento y la gestión de sus competencias tras la designación de su nueva titular.
Las modificaciones fueron formalizadas a través de dos decretos y una resolución oficial, incluye desde la creación de nuevos cargos de alto nivel hasta la disolución de dependencias previamente existentes.
Tal como alega el Ejecutivo en las normativas, la reforma, motivada por la necesidad de ajustar la estructura administrativa a los nuevos desafíos del Gobierno, también se enmarca dentro de un proceso más amplio de simplificación y eficiencia en la Administración Pública Nacional.
Uno de los cambios más destacados es la desaparición de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, una de las áreas clave en el diseño de las políticas regulatorias del país. Así lo establece el Decreto 281/2025.
Con la eliminación de este organismo, se reconfigura la manera en que se gestionan las estrategias normativas y el diseño de proyectos legislativos dentro del Ejecutivo. En consecuencia, consideraron a estas modificaciones como un paso importante hacia una administración más dinámica y menos burocrática.
Por otro lado, el Decreto 282/2025 ha determinado una serie de nuevas designaciones dentro de la Secretaría Legal y Técnica. Ignacio María de la Riva ha sido nombrado Subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos, mientras que María Paula Taddei Farfán asumirá el cargo de Subsecretaria de Planeamiento Estratégico. Además, Joaquín Lantaron fue designado como Subsecretario de Gestión Administrativa y Registro, cargo que tendrá carácter “ad honorem”.
Por último, en la Resolución 29/2025 se acepta la renuncia de la licenciada María Sol Rodríguez Battini al cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, con efectos a partir del 7 de abril de 2025.
Estas modificaciones apuntan a renovar y fortalecer los equipos de trabajo de la Secretaría, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa, legal y estratégica del país.
La reestructuración también incluye una redefinición de los objetivos estratégicos de la Secretaría, en particular en relación con su Unidad Gabinete de Asesores y la Subsecretaría de Asuntos Legales y Técnicos.
A principios de abril, el Gobierno formalizó un cambio en la Secretaría Legal y Técnica, dentro de los cuales se destacaba el nombramiento de María Ibarzabal Murphy como la nueva titular del organismo en reemplazo de Javier Herrera Bravo, quien había presentado su renuncia.
A través de la publicación de varios decretos, el Ejecutivo reordenó la cúpula del área que asesora sobre proyectos de ley y de decretos al Presidente de la Nación y que trabaja con la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre proyectos de decisión administrativa.
De esta manera, Ibarzabal Murphy —una funcionaria muy cercana al asesor presidencial, Santiago Caputo, que forjó una excelente relación con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei—, tendrá la responsabilidad de “cuidar la firma” del mandatario.
La letrada ocupó una posición clave en la elaboración normativa de las principales iniciativas de la administración de La Libertad Avanza y tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, así como en la reforma electoral que incluyó la eliminación de las PASO y la reorganización del Gobierno y sus dependencias. Fue designada en abril pasado mediante el decreto 321, firmado por Milei.
Al igual que el ahora ex secretario, Ibarzabal Murphy había tenido un paso por el gobierno de Cambiemos, trabajando en la Procuración General del Tesoro. También ocupó roles en el sector privado, en bufetes de renombre como el estudio Cassagne, siempre especializada en Derecho Público y Regulación Económica.
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