El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación de las Mesas de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico en el marco de la lucha contra el crimen organizado vinculado al tráfico de estupefacientes. La medida responde a una serie de normativas y antecedentes legales que delinean el papel del Estado nacional en la coordinación y ejecución de políticas criminales.
La decisión se hizo efectiva a partir de la Resolución 430/2025 publicada este en el Boletín Oficial y tiene como objetivo articular los esfuerzos entre fuerzas federales, provinciales y el Poder Judicial, optimizando la prevención del delito y la política criminal. El contenido de los intercambios, que se llevarán a cabo dentro de estas mesas, será “secreto y confidencial”. Al mismo tiempo, se autoriza al coordinador a ordenar la producción de documentos que puedan sistematizar los conocimientos e información compartidos.
En este sentido, se puso en marcha un mecanismo interjurisdiccional de articulación operativa y estratégica, en el que participarán jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, “la representación del Ministerio Público Fiscal será coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)”.
La normativa plantea la necesidad de una respuesta coordinada, eficaz y transversal que involucre a todos los niveles del Estado, como respuesta a un delito “pluriofensivo y de carácter transnacional” que impacta en las estructuras sociales. “La complejidad del crimen organizado evidencia la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado”, sostiene la Resolución publicada en horas de la madrugada de este lunes.
Por otro lado, se establece la creación de una Comisión Técnica de Investigación de Narcotráfico que trabajará como auxiliar de la Justicia. Estará integrada por funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Secretaría de Seguridad Nacional y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
Este organismo se encargará de asistir a jueces y fiscales para implementar la normativa vigente, garantizando siempre el carácter reservado de la información. De esta manera, establece: “Colaborará con los Magistrados y los Ministerios Públicos Fiscales para la coordinación y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en las investigaciones judiciales, manteniendo el deber de estricta confidencialidad”.
Para la coordinación de las mesas, la cartera que conduce Patricia Bullrich, designó a Fernando Oscar Soto como coordinador, el cual podrá ordenar la elaboración de documentos de trabajo o protocolos que surjan como consecuencia de la actividad de las estos espacios colaborativos.
A su vez, desde la coordinación se ocuparán de definir los ámbitos de competencia, convocar a las reuniones, establecer su frecuencia y modalidad, así como moderar el debate y dirigir la elaboración de protocolos o documentos de trabajo. De acuerdo a lo detallado en el artículo 4° del texto, dicha área deberá “designar los días, horarios y modalidades de las reuniones, citar a los funcionarios correspondientes, moderar el intercambio y coordinar la elaboración de los documentos de trabajo o protocolos que surjan como consecuencia de la actividad” de las mesas.
Además, se estableció que esta resolución no implicará ningún tipo de erogación presupuestaria adicional, lo cual permite su implementación inmediata sin impacto fiscal, tal como describe el artículo 7° del texto.
La entrada en vigencia de esta normativa será efectiva a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del texto normativo. La medida ya fue comunicada a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su registro y archivo correspondiente.
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