El Gobierno nacional implementó la semana pasada una nueva normativa que elimina la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, permitiendo que los aportes y contribuciones de los afiliados sean transferidos directamente a las prestadoras. Según informaron fuentes oficiales, esta medida busca mejorar la transparencia en el sistema de salud y generar un impacto financiero positivo. Por eso, en el Ejecutivo esperan que esa decisión se traduzca en una reducción efectiva del costo de las cuotas para los afiliados.
La medida, establecida en la Resolución 1/2025, fue impulsada por el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, y ejecutada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Con su entrada en vigencia, aproximadamente 1.400.000 afiliados que hasta ahora derivaban sus aportes a través de obras sociales podrán hacerlo directamente a la empresa de medicina prepaga que les presta servicio.
Hasta la implementación de esta resolución, los trabajadores en relación de dependencia que elegían una prepaga debían derivar una parte de sus aportes a una obra social, que retenía entre un 3% y un 10% en concepto de intermediación. Según la SSS, esta triangulación permitió durante décadas la creación de estructuras que no brindaban servicios reales, denominadas “sellos de goma”, cuya única función era captar esos fondos.
El gobierno sostiene que con la eliminación de este mecanismo se redirigirán aproximadamente unos 180.000 millones de pesos mensuales de manera más eficiente, lo que beneficiará económicamente a las prepagas.
Lo cierto es que con esta medida las prepagas recibirán directamente los aportes de sus afiliados, lo que según el Gobierno debería traducirse en un beneficio económico para los usuarios. “Esperamos que las empresas de medicina privada terminen con la especulación y reflejen esta ventaja en el valor de la cuota”, señalaron desde la cartera de Salud.
En este contexto, representantes de la SSS ya mantuvieron reuniones con directivos de OSDE y OMINT, dos de las principales prepagas del país, para evaluar el impacto de la normativa y sus efectos en los costos de los servicios.
El oficialismo también argumenta que la economía argentina atraviesa un proceso de reducción de la inflación y normalización de costos, lo que sumado a la nueva regulación debería reflejarse en una baja en los valores que pagan los afiliados.
Plazo de 60 días para los trabajadores
Los trabajadores que prefieran continuar con su obra social original en lugar de derivar automáticamente sus aportes a la prepaga tendrán 60 días para manifestarlo formalmente. No obstante, las obras sociales ya no podrán transferir esos fondos a una prepaga, como ocurría hasta ahora.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud destacaron que, además de evitar la triangulación, la nueva normativa impone la obligación de inscribirse en un registro nacional a todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados total o parcialmente con recursos de la seguridad social. Aquellas que no cumplan con esta exigencia no podrán comercializar planes y podrían enfrentar sanciones.
El gobierno puso el foco en un grupo de obras sociales con actividad mínima o irregular, que según los datos oficiales presentaban una relación desproporcionada entre empleados y cantidad de afiliados. Entre los casos señalados se encuentran:
- OSCNA (Comisarios Navales): 4 empleados activos para 161.000 afiliados.
- OSSDEB (Serenos de Buques): 8 empleados para 60.000 afiliados.
- OSTVLA (Técnicos de Vuelo): 16 empleados para 81.976 afiliados.
- OSCEAR (Empresarios de Remises): Ingresos de 5.500 millones de pesos mensuales con solo 63 empleados.
- OSADRA (Árbitros Deportivos de Argentina): 7 empleados con ingresos de 1.200 millones de pesos mensuales.
Estas cifras, según el Ministerio de Salud, evidencian la existencia de estructuras creadas para captar fondos sin una contraprestación efectiva de servicios.
Desregulación y libre competencia
Desde su asunción, el presidente Javier Milei ha promovido la desregulación del sistema de salud. Con el DNU 70/2023, el gobierno permitió que las prepagas ajusten libremente las cuotas de sus planes, eliminando la obligación de aplicar incrementos uniformes a todos sus servicios.
Asimismo, la nueva normativa establece un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución para todos los agentes del sistema de salud, buscando mejorar la equidad y eficiencia en la administración de los recursos.
Con estas reformas, el gobierno busca aumentar la competitividad del sistema de salud, garantizar una mayor transparencia en la distribución de los fondos y evitar las irregularidades en la gestión de las obras sociales.
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