Caso Kueider: solicitaron a la justicia argentina que amplíe los fundamentos del pedido de extradición

El juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, envió un oficio a través de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de ese país para que amplíe y complemente la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, realizada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El documento le hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y se tramitará vía la embajada argentina en Asunción para que llegue a la Cancillería, según confirmó Infobae de fuentes judiciales paraguayas. El trámite demorará la posibilidad de que el legislador sea enviado detenido a nuestro país junto a su acompañante.

El dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, fechado el 7 de enero, requería aclaraciones, información complementaria y documentación de las causas en las que la jueza argentina investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue adjuntado por Duarte en su oficio “para facilitar una mayor comprensión de lo requerido y permitir la emisión de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradición” de Kueider y Guinsel Costa.

Según la fiscal Moreno, especializada en Crimen Organizado, el pedido de Arroyo Salgado para que ambos sean enviados detenidos a Argentina “contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, y “genera una confusión que el Estado requirente se encuentra legalmente obligado a aclarar”. La fiscal había considerado que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.

Sostuvo que la jueza argentina mencionaba en forma “genérica” convenciones internacionales que “persiguen propósitos y objetivos distintos, que podrían generar inconvenientes de encuadre y hasta exclusiones de una respecto de la otra, por sus diferentes ámbitos de aplicación”. En diálogo con PDS Radio y TV digital de Paraguay, el juez Duarte señaló que “el Estado requirente invoca a varios tratados firmados por la República del Paraguay, entre ellos el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Paraguay. Pero no obstante ello, también, pide una cooperación internacional basado en otras convenciones dentro del mismo pedido de Tratado de Extradición como, por ejemplo, la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia Penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y estas convenciones tienen otros canales o vías a los efectos de solicitar, no solamente al Poder Judicial, y por ello la fiscal solicita que aclare cuál de ellos va a, finalmente, persistir”. Por eso, explicó, está “pidiendo una aclaración y complemento de lo solicitado”.

En ese sentido, aclaró que todavía no se inició el procedimiento de extradición de Kueider y Guinsel Costa, ya que aún no tuvo lugar “una audiencia de identificación” debido, también, a que el exhorto “invoca hechos punibles, pero no le atribuye una conducta específica”. Y recordó que “se debe dar una doble incriminación, o sea, tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido, debe ser punible el hecho. Entonces, también se le está pidiendo una conducta punible atribuida a estas personas”.

Kueider y su acompañantes están acusados en Paraguay de tentativa de contrabando, al ingresar a Paraguay con USD 211.000 en efectivo sin declarar desde la frontera con Brasil. Cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción. Los fiscales de Ciudad de Este que lo investigan tienen plazo hasta principios de abril, para concluir su investigación.

La fiscal paraguaya recordó que el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú - que es el magistrado que interviene en la causa de contrabando - “entendió pertinente y legalmente viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Por este motivo, Moreno recomendó que “la República Argentina corrija los defectos advertidos” antes de poder pronunciarse sobre la posibilidad de someterlos al proceso de extradición. “No contamos con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, escribió en su dictamen.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, investiga a Kueider en dos causas conexas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, abierta a mediados del 2024, y la conocida como el “Caso Securitas”. En esta última se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido de secuestro de los celulares de Kueider y Guinsel Costa, y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya.

La fiscal señaló en su dictamen sobre el exhorto internacional que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos, requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.

Y en ese sentido, agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene un contradictorio en la pretensión del trámite”. O sea, opinó que si la extradición pedida por Arroyo Salgado es a fines de indagarlos, ese trámite podría ser tramitado en Paraguay mientras avanza el proceso contra ellos por presunto contrabando.