
“Hay PRO para rato”, publicó la cuenta de X del partido liderado por Mauricio Macri a horas del 1 de enero, una especie de manifiesto de fin de año mediante el cual intentará negociar, después del verano, las condiciones para un acuerdo electoral con el gobierno que, por cierto, le urge mucho más al ex presidente que a Javier Milei.
En un año, el jefe de Estado consiguió acaparar la centralidad del sistema político a fuerza de una estrategia muy agresiva de confrontación con la oposición y de un plan de gobierno audaz, que no siempre incluyó a los aliados, y el macrismo se redujo a un rol de colaboración con una muy escasa contraprestación. Eso llevó a que el partido amarillo esté a riesgo de ser fagocitados por completo por La Libertad Avanza, como consecuencia de un plan electoral que en el 2023 dinamitó al PRO por los aires y que abre serios interrogantes de cara al calendario electoral del 2025.
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En el posteo de fin de año, el espacio conducido por Macri lo explicó así, por la positiva, en su cuenta de X: “Estamos orgullosos del rol que tuvo el PRO este año porque nunca antes en la historia argentina un partido de la oposición había contribuido tanto al oficialismo como lo hizo el PRO en 2024, debatiendo y habilitando reformas esenciales propuestas por otro espacio político”.
Ahora bien, esa contribución macrista a todos y cada uno de los proyectos del oficialismo -solo se opusieron al DNU de asignación de recursos a la SIDE, un revés que fastidió, y mucho, al consultor Santiago Caputo, el autor intelectual de esa iniciativa- terminó con un creciente desgaste en diciembre, producto de una serie de disputas que alejaron, al menos por ahora, la posibilidad de un acuerdo electoral para este año. Si las elecciones fueran hoy, LLA y el PRO irían separados.
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Esa serie de peleas alcanzó a fin de año su pico de máxima tensión en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión principal del macrismo administrado desde diciembre del 2023 por Jorge Macri después de que su primo se involucrara de manera directa para que la alianza entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau no rompiera la hegemonía del PRO de los últimos 16 años. El ex presidente está dispuesto a habilitar cualquier tipo de negociación, pero no a ceder el control sobre la capital.
La decisión del jefe de Gobierno de desdoblar el calendario porteño para julio complicó aún más el vínculo con LLA, que ya se había plantado en una posición hostil en la sesión por el Presupuesto, cuando definió no acompañar el proyecto del oficialismo. El ex intendente de Vicente López aprovechó la jugada para incluir la suspensión de las primarias, que deberá ser aprobada por la Legislatura. En simultáneo, el ex presidente ordenó a su bloque en el Congreso que aporte los votos para eliminar las PASO pero a nivel nacional, si es que el gobierno al final envía el proyecto.
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De todos modos, en la Ciudad pareciera que LLA ya tomó la decisión de avanzar a fondo contra el PRO. En las redes, en los últimos días, los militantes libertarios no hicieron más que cargar contra la figura del jefe de Gobierno. Pilar Ramírez, la referente de Karina Milei en ese distrito, subió al menos una docena de posteos en contra de la gestión de Jorge Macri. Machacará con esa tónica en los próximos meses, frente a la estrategia del alcalde de intentar “desnacionalizar” la campaña, lo que lo llevó a adelantar el calendario -podría ser aún antes de julio si consigue los votos para suspender las PASO-. La hermana del presidente está decidida a jugar esa carta, al menos hasta que el mandatario pida explorar, si es que así lo decide, un entendimiento electoral con el PRO.

El 2025 no arrancó, de todos modos, solo con esa puja entre LLA y el PRO. La relación entre ambos sectores ya se había tensado con la decisión del gobierno de vaciar la sesión por Ficha Limpia, y en paralelo Macri había ordenado que se publiciten al máximo posible las críticas partidarias a la licitación por la hidrovía, un negocio millonario que está en la mira del macrismo. Buena parte de la recolección de la información en torno al proceso quedó en manos de Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte que sigue muy activo. El ex presidente pidió máxima difusión. Está convencido, dicen, de que hay intereses cruzados que involucran a un sector del gobierno, al heredero de un grupo familiar y a un empresario muy poderoso de la provincia de Buenos Aires.
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Cuando se cayó la sesión por Ficha Limpia, a fines de noviembre, que detonó las relaciones, desde la cuenta de X de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo se escribió: “Mauricio, por décima vez, no te vamos a dar la hidrovía”.
Esa cuenta está relacionada al consultor Caputo, que terminó el año con Macri mucho peor de lo que lo empezaron. El ex presidente delegó las gestiones en Cristian Ritondo, pero no hubo demasiados avances. El jefe del PRO habilitó entonces a otros diputados, como Diego Santilli o Alejandro Finocchiaro, que tienen que renovar sus bancas por la provincia de Buenos Aires, a que exploren “acuerdos razonables”, como publicó este medio hace algunas semanas.
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Macri sabe que en el Gobierno están a la pesca, y que hay un buen número de dirigentes dispuestos a morder el anzuelo para ser tenidos en cuenta para la campaña de este año: no se imaginan en un escenario de disputa electoral en confrontación con LLA. Por eso les preocupa que no se llegue a un acuerdo. El ex presidente sabe de esa situación.
También sabe que hay otros rubros que lo enfrentan con el Gobierno. Por ejemplo, la Justicia. En particular, el envío de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que Macri recibió con un sabor agridulce. De hecho, se ocupó de hablar con legisladores y hasta con gobernadores de su partido para bajarles línea en contra de esas designaciones. Algunos jefes provinciales lo escucharon, y decidieron desoír su consejo. El ex jefe de Estado sigue atento a las novedades de verano. También monitorea las más de cien vacantes que esperan para ser enviadas al Senado, y que incluyen jueces y fiscales. El Ejecutivo pensó en algún momento en incluir al jefe de los fiscales, es decir la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que aún sigue en manos de Eduardo Casal, que asumió en su momento como interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó. Macri intentó nominar a Inés Weinberg de Roca, presidenta del TSJ porteño, pero no pudo. Alberto Fernández trató con Daniel Rafecas, pero también falló en el intento.
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En estos últimos meses se mencionó a la figura de Julio Conte-Grand, el procurador bonaerense, pero quedó descartado.
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