Frente al recrudecimiento del conflicto con los gremios de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno apuró en los últimos días el proceso de desregulación que había iniciado con el DNU 70 en el sector aeronáutico. El lunes publicará una de las últimas reglamentaciones para liberar las eventuales habilitaciones a compañías privadas para que empiecen a operar más rutas en el país e inició una ronda de encuentros con autoridades de las empresas para impulsarlas a desembarcar en el país o ampliar la lista de recorridos lo antes posible.
El Gobierno desplegó durante los últimos meses, en sucesivas reglamentaciones publicadas en el Boletín Oficial, el andamiaje jurídico para desregular la industria aeronáutica y el acceso a los mercados aerocomerciales. La próxima, que sería la última de siete, se oficializaría durante los primeros días de la semana que viene, con un decreto del Presidente que delegará funciones de la autoridad nacional para permitir que vuelen aeronaves y tripulación extranjera (hasta ahora debían ser argentinas).
“Si quieren, pueden empezar a operar mañana”, exageraron en el Gobierno. Es cierto que están dadas las condiciones para que se inicien los trámites de admisión, sobre todo desde que se eliminaron las audiencias públicas para conseguir los permisos para operar. Pero incluso con las nuevas y abiertas regulaciones, en el Código Aeronáutico corre un plazo de 30 días para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) acepte, observe o rechace los pedidos para operar (y si en 30 días el organismo no se expide, correrá el principio jurídico de “silencio positivo”, según el cual la inacción de la autoridad se considera una aprobación tácita, en lugar de un rechazo).
En paralelo, el Gobierno busca incentivar a las empresas para que avancen con los pedidos de habilitación. Esta tarde, sin previo aviso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, recibieron al CEO de la brasileña Gol, que integra con la colombiana Avianca el Grupo Abra. Les explicaron los detalles de las reglamentaciones y les pidieron que avancen con los trámites para empezar a operar rutas. Antes se habían encontrado con representantes de Flybondi, y la semana que viene recibirán a ejecutivos de la chilena JetSmart. Sucesivamente, tienen en agenda a Sky (Chile), Latam (Chile), Azul (también Brasil), AraJet (República Dominicana) y Air Europa (España).
Los movimientos de la Casa Rosada se precipitaron ante las más recientes medidas de fuerza, que dejaron a miles de pasajeros varados; y las advertencias sobre futuras huelgas, asambleas y suspensiones de tareas. “Es extorsión”, dijo Adorni, en conferencia de prensa. Y advirtió que esas conversaciones estaban en marcha, sin mayores detalles.
Sin embargo, los gremios no dieron el brazo a torcer. Las dos confederaciones de gremios del transporte, incluido el terrestre y marítimo, dejaron de lado por un momento sus rencillas internas y se unieron en una mesa sindical contra el Gobierno para rechazar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Portuarios), Pablo Biró (Pilotos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Raúl Durdos (SORDU-Marítimos), Pablo Moyano (Camioneros) y Omar Pérez (Camioneros) se tomaron una foto en la sede del gremio de Aeronavegantes y amenazaron con impulsar un paro general del transporte en todo el país, aunque no dieron una fecha concreta.
Con todo, en los despachos del Gobierno se respiraba un aire triunfal en la batalla contra los gremios al final de una semana de profundización de las medidas de fuerza y de amenazas sobre la generación de mayores complicaciones si la administración nacional no mejora la oferta salarial -de apenas un 11 por ciento- y la acerca al 80% que exigen los trabajadores.
“Están reculando”, se confió un importante funcionario nacional, y llamó “tren fantasma” a los gremialistas que se fotografiaron juntos. Según dejaron entrever , la cantidad de operaciones que se permitan a las extranjeras dependerán de “las complicaciones” que se generen por la continuidad de las protestas. “La prioridad es que viaje la gente. Esta medida no es contra Aerolíneas, es contra los pilotos que reducen las operaciones”, dijeron. El objetivo de máxima del Gobierno, que hasta ahora no pudo lograr, porque necesita de la aprobación del Congreso, es la privatización de la aerolínea de bandera.
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