El Gobierno fijó los criterios para emitir el Certificado Único de Discapacidad sin vencimiento

Con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente, el Gobierno nacional fijó cuáles serán los criterios para emitir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin vencimiento. Quiénes podrán acceder.

En enero de este año, se implementaron los primeros cambios al sistema de entregas de certificados de discapacidad y solo faltaba la reglamentación de la medida para que se establecieran los criterios a tener en cuenta al momento de otorgar este documento sin vencimiento.

Para eso, el Gobierno estableció, a través de la resolución 1654 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que para recibir el CUD sin fecha de caducidad será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

• Renovaciones previas: personas que al momento de la evaluación tengan emitidos previamente 2 certificados de discapacidad, cuyo perfil de funcionamiento e impacto en la vida cotidiana se mantenga constante a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en el calificador de capacidad del componente Actividad y Participación (CIF).
• Persona mayor: personas que al momento de la evaluación tengan más de 60 años y mantengan sus estructuras y funciones corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años.
• Necesidad de equipamiento permanente: personas que al momento de la evaluación requieran de equipamiento y/o dispositivos de uso permanente para preservar las funciones vitales.

A su vez, el Anexo I de la normativa, aclara que “se podrá solicitar la actualización del CUD cuando se produzca un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona con discapacidad que impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”.

Para que esto sea posible, el Gobierno instruyó a la Dirección de Modernización e Informática (DMEI) para que arbitre las medidas necesarias para incorporar la leyenda “sin vencimiento” al sistema de carga del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

La resolución se ampara en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reafirma que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

“Resulta fundamental que el Estado implemente políticas públicas que garanticen que las personas con discapacidad puedan ejercer su libertad de elección y participar activamente en las decisiones que influyen en sus vidas, respetando su autonomía e integridad, fomentando la inclusión y el respeto hacia sus derechos”, sostiene.

En las actualizaciones implementadas hace unos meses se destacan los siguientes puntos:

1. Desburocratizar los trámites de solicitud y otorgamiento del certificado, y promover la actualización normativa tendiente a determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal (sin vencimiento), generando instancias de acompañamiento y actualización por parte del Estado.
2. Despliegue territorial para fortalecer el vínculo de las personas con discapacidad y sus familias con los procesos relacionados con la certificación, a nivel local; incluyendo capacitación para los profesionales actuantes, mejoramiento de las estructuras de las Juntas, y la creación de Juntas Evaluadoras Itinerantes.
3. Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo.

Para estos ejes, la ANDIS aportó información que ayudó a concretar la nueva medida ya que estableció el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: una propuesta integral que buscaba mejorar los procesos para la certificación de discapacidad.

El plan recibió los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil, e incluye medidas como apoyo a las Juntas Evaluadoras de Certificación de todo el país, incorporación de innovaciones tecnológicas, simplificación del trámite y otras líneas de acción concretas que implican una mejora en el acceso a la certificación.