Frente a un escenario de profundo déficit en el sistema jubilatorio de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio decidió avanzar sobre la aplicación de pautas básicas para sostener el esquema que posibilita los ingreso de 64 mil jubilados provinciales. Se trata de medidas para corregir el desequilibrio en las cuentas previsionales entrerrianas, que llegó a una situación extrema.
Los ingresos alcanzan para cubrir el 60% de las prestaciones. El déficit compromete el 50% de la recaudación tributaria provincial. Por otro lado, el esquema de trabajador activo - pasivo que en un sistema solidario tendría que ser 4 a 1 se ubica en apenas 1,88 a 1. Además, los fondos compensatorios de ANSES no llegan. Y no está previsto que lo hagan.
La primera disposición fue no afectar el 82% móvil que perciben quienes se retiran en Entre Ríos, contra menos del 60% a nivel nacional. Este principio asegura que el haber previsional provincial promedio sea de $ 768 mil, duplicando al de Anses que se sitúa en los $ 371 mil.
La segunda, no alterar la edad de la jubilación ordinaria. En la provincia litoraleña las mujeres pueden retirarse a los 57 años y los varones a los 62. En Anses, en cambio, se requieren 60 y 65 respectivamente. La posibilidad de transferir la Caja a la Nación está descartada. La Constitución no lo habilita.
Con base en estos criterios, comenzó un proceso en dos etapas: un control administrativo y una modificación de los aportes a la Caja de Jubilaciones.
En escalón inicial, el organismo previsional que conduce Gastón Bagnat, actualizó sus bases de datos para depurar los beneficios que otorgaba. Así se detectó, por ejemplo, que muchas pensiones por viudez (que se paga al cónyuge sobreviviente cuando muere el titular de la jubilación) debían caer porque la persona se había casado de nuevo.
El segundo paso fue el más profundo. El Gobernador abrió un frente judicial demandando a la ANSES por $154 mil millones no transferidos entre 2019 y 2023. Y otro administrativo, aumentando los ingresos de la Caja.
Más fondos
A partir de julio, tanto el Estado en su rol de empleador como los activos incrementarán sus aportes en un 3%. Así, el descuento a los trabajadores para sostener el sistema previsional pasará del 16 al 19 por ciento. Lo mismo ocurrirá con la contribución patronal estatal.
Además, se desempolvó parte del articulado de la ley previsional, que data de los ‘90. Está referido a los 98 regímenes especiales de retiro que hay en Entre Ríos. Bagnat aclaró a Infobae que no se trata de jubilaciones de privilegio, sino de esquemas donde las personas pueden retirarse con menos años. La decisión fue reimponerles, como habilita la normativa, una contribución a la Caja del 3% hasta que alcancen la edad de retiro ordinaria.
Son medidas de extrema necesidad, comentan en el Gobierno. Si no se toman, en dos o tres años el 82% será, de hecho, incumplible.
La próxima etapa pasará por una reforma legislativa. La idea es poner un coto a 84 de los 98 regímenes especiales sobre los cuales la Provincia no tiene control. Se trata de paritarias sectoriales, como las municipales. Ahora el impacto de esos escalafones en el sector pasivo es automático: el incremento de activos llega de inmediato a jubilados y pensionados. El Gobierno busca introducir la necesidad de homologación.
Con esta batería de medidas, la Administración provincial estima que el déficit actual de $20 mil millones al mes, se reducirá a la mitad a fin de año.
La reacción
La oposición justicialista se ha mantenido en silencio sobre esta cuestión. El ex gobernador Gustavo Bordet también había aumentado por un tiempo los aportes durante su última gestión. Fue de manera escalonada y en medio de la emergencia por el Covid - 19. Al terminar la vigencia de la norma, todo volvió a foja cero.
El rechazo a las acciones del Gobierno corre por cuenta de los gremios estatales. Este jueves hubo paro y movilización en Paraná y en varias ciudades de la provincia. El argumento que esgrimen es que disminuye el salario de los trabajadores.
La medida fue dispuesta por el Frente Gremial Docente, que agrupa a Sadop (privados), UDA, Amet (técnicos) y el sindicato mayoritario Agmer, integrante de CTERA. También se plegó ATE.
El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, expresó que el incremento decidido por el gobierno de Frigerio sobre los aportes personales a la Caja de Jubilaciones se realiza “en un contexto donde un salario inicial docente, que a julio del año pasado representaba el 70% de una canasta familiar, hoy -producto de la política económica imperante- representa solo un 42% de esa canasta”.
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