La Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de René Casals, ha incorporado al expediente de investigación todos los testimonios y denuncias en torno al levantamiento policial que sacudió la paz de la provincia de Misiones a mediados de mayo.
Además, ha emitido pedidos de informes a la Jefatura de Policía que terminarán de cerrar el panorama de lo ocurrido y, también, de quiénes pueden ser los posibles responsables penales del incidente que despertó una ola de protestas sociales en Misiones.
Casals tiene los elementos para pedir las imputaciones. Pero debió postergar su elevación porque el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor, se tomó una licencia que tenía pendiente en medio de la sucesión de feriados nacionales de la semana pasada. Los planteos llegarían recién al Juzgado de Instrucción N° 6 a partir de este lunes 24.
Hasta ahora, el Gobierno de Misiones no forma parte de la causa. La representación corresponde a la Fiscalía de Estado, la que no se ha presentado aún en el expediente. El acuerdo salarial entre las autoridades y los policías que participaban de la medida de fuerza incluyó una amplia amnistía. Pero su alcance está limitado a las sanciones administrativas. Las acciones judiciales continuaron su curso.
“Nosotros vamos a tener que enfrentar la Justicia, lo sabemos”, había confesado a Infobae Ramón Amarilla, uno de los voceros de los manifestantes policiales, cuando el conflicto aún arreciaba y no se veía ninguna salida posible.
La causa penal
Fiscalía tiene un abanico de hechos delictivos para atribuir. El primero, y más importante, es sedición. El cargo tendría el agravante de que habría sido cometido por funcionarios públicos armados. Este delito tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión.
La sedición está descripta en el artículo 229 del Código Penal. En el hecho puntual ocurrido en la tierra colorada, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzan en armas para “arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. En el caso puntual, un aumento de salario.
En Misiones, el agente no pierde el estado policial en ningún momento. Y esto implica estar armado. De allí se desprende la suposición de que portan sus armas las 24 horas los 7 días de la semana.
La Justicia misionera analiza el antecedente del juicio por la sublevación policial de 2013 en Entre Ríos. Dos años después, 17 uniformados fueron condenados por sedición siguiendo esta línea de razonamiento: toda protesta policial es armada.
El levantamiento de los policías misioneros comenzó el viernes 17 de mayo a la madrugada, después de un par de jornadas con acciones pacíficas que incluyeron el encadenamiento de retirados frente a la Jefatura.
Ese día, una de las dos sedes del Comando Radioeléctrico de Posadas fue abordada por agentes fuera de servicio en dos oportunidades. La primera se registró a eso de las 3 de la mañana, según detalló el Jefe del Comando Orlando Neris. Un grupo quiso entrar, pero fueron disuadidos. Dos horas después, otro que usó métodos más violentos, según indica la presentación judicial, logró su objetivo.
Neris indicó que en ese momento fue agredido y sacado a los empujones. La radio del Comando dejó de modular: cesó en la recepción y emisión de órdenes operativas, como lo reconoció la oficial principal Marcia Domínguez a Infobae durante la primera semana del conflicto. Continuó así hasta, al menos, el miércoles 29.
Durante la madrugada del viernes 17, un gran número de patrulleros fue sacado de servicio y llevado al Comando. Así comenzó un acampe que se extendió sobre la Avenida Uruguay y calles laterales. Las denuncias sobre estos hechos incluyen la presencia de personas encapuchadas actuando al resguardo de la noche y emboscadas a móviles que no se habían plegado a la protesta.
En la Justicia llegaron a evaluar que, en el pico de la protesta, hubo 50 patrulleros fuera de servicio en la capital misionera.
La revuelta policial impulsó la protesta de otros sectores, como docentes y personal de salud. Hubo manifestaciones frente a la Legislatura, que fue reprimida, en la casa del gobernador Hugo Passalacqua y frente al domicilio del hombre fuerte del oficialismo misionero, Carlos Rovira. Finalmente, ambos escalafones obtuvieron mejoras sustanciales en sus haberes.
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