El peronismo no tiene los votos para rechazar el DNU y aguarda por la negociación del Gobierno con las provincias

El peronismo espera. Por el momento no tiene los votos para garantizar el rechazo del mega DNU de Javier Milei y no se arriesgará a convocar a una sesión especial con final incierto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la negociación por la nueva Ley Ómnibus y el pacto fiscal con las provincias muestra pocos avances y podría sumar las voluntades que faltan. El clima social, aseguran, también aumentaría la presión para rechazarlo.

Los diputados de Unión por la Patria siguen con atención las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias. Saben que un fracaso en este frente puede terminar de inclinar la balanza para dejar sin efecto el decreto que elimina o modifica cientos de normas.

“Los gobernadores están negociando su caja. Pero no hay acuerdo por Ganancias, especialmente las provincias del sur”, explicó un diputado de UxP en referencia a la disconformidad de los mandatarios patagónicos con el mínimo imponible que propone el Gobierno para reinstalar el impuesto. Prefieren coparticipar el impuesto al cheque o el impuesto PAIS para reforzar sus arcas, algo rechazado de plano por la Casa Rosada.

El rol de los gobernadores será determinante. En la Cámara alta los mandatarios de Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén jugaron en contra del oficialismo. Pero nada asegura que mantendrán la misma postura en la Cámara de Diputados. De hecho, tanto diputados del oficialismo como de la oposición especularon con que rechazaron el DNU en el Senado para acotar el margen de acción del Gobierno y negociar desde una posición de fuerza el nuevo pacto fiscal.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) tienen terminales en los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Son los espacios “del medio” -junto con la UCR- que terminarán de inclinar la balanza a favor del rechazo o la ratificación del DNU.

Todo dependerá de la capacidad del Gobierno de llegar a un acuerdo respecto a los fondos provinciales. Algo parecido a lo que sucedió con la fallida sesión especial para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria: la negociación del ministro del Interior, Guillermo Francos, fue crucial para que Llaryora bajara a tres diputados de Córdoba Federal y Frigerio hiciera lo propio con Francisco Morchio. No se alcanzó al quórum por pocos votos.

La oposición más dura está bastante cerca de alcanzar la mayoría simple. Unión por la Patria tiene 99 diputados y necesita 30 votos más para garantizar el quórum (129). El Frente de Izquierda aporta cinco voluntades, mientras que los radicales podrían sumar otros diez votos, entre los legisladores referenciados en Facundo Manes y en Martín Lousteau, que tuvo un rol protagónico en el rechazo del Senado. El ecléctico bloque Hacemos Coalición Federal también tiene integrantes que ya adelantaron una posición de rechazo, como los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, la bonaerense Margarita Stolbizer y la cordobesa Natalia De la Sota. Una base de alrededor de 118 diputados en contra.

El clima social ante el impacto del ajuste es la otra variable que el peronismo toma en cuenta para sus cálculos políticos. “La luna de miel ya terminó”, dijo un diputado del bloque que conduce Germán Martínez. Descuentan que la situación económica no mejorará, por lo menos no en el corto plazo, y que la presión social se hará sentir en los bloques dialoguistas.

Mientras, desde el PRO, la UCR y HCF siguen presentando proyectos que retoman algunos de los puntos del DNU porque consideran que tienen consenso suficiente para salir por ley. Por ejemplo, la reforma laboral que ahora impulsa Cristian Ritondo. No obstante, el Gobierno por ahora no contempla la opción de ceder la iniciativa a sectores de la oposición y sigue apostando a la lógica del “todo o nada”.

La decisión de dar por cerrada la discusión sobre la movilidad jubilatoria y determinar la nueva fórmula por decreto no fue del todo bien recibida por la oposición y mostró una vez más la rigidez del Gobierno a la hora de negociar.