
La comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para comenzar a analizar los 16 proyectos para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Durante el encuentro hubo fuertes críticas a José Luis Espert por negarse a realizar un encuentro plenario con la comisión de Presupuesto, de la que es titular.
La presidenta de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning, propuso un cronograma acotado que incluye una reunión informativa el 4 de abril, en la que esperan escuchar a funcionarios y especialistas, y dos jornadas de debate -como máximo- para tener un dictamen a más tardar el 20 de abril. Pero sin la participación de Presupuesto, los proyectos no pueden llegar al recinto.
Desde el oficialismo buscan que la fórmula jubilatoria se debata en el marco de la Ley Ómnibus, algo que ocurrirá recién después de Semana Santa. Para todos los bloques de la oposición esta alternativa es inaceptable dado que la fórmula actual licúa el poder adquisitivo de las jubilaciones mes a mes.
“No podemos dejar pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de alta inflación que tenemos en la Argentina, que se ha acelerado con la devaluación de diciembre pasado. En marzo del 2023 el haber mínimo que tenían los jubilados superaba en un 20% lo que era la canasta básica total y hoy con bono o sin bono, está entre un 10% y un 15% por debajo de la línea de pobreza”, explicó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Ante la consulta de Infobae, tanto desde la UCR como Hacemos Coalición Federal reconocieron que no cuentan con herramientas reglamentarias para obligar a la comisión de Presupuesto a reunirse para avanzar por su lado o para forzar un plenario. “El dictamen de esta comisión va a ser escuchado, así se construyen las mayorías”, dijo Carla Carrizo, de la UCR.

“¿Por qué Espert se niega a hacer un plenario? Parece que para Espert y para el oficialismo es más importante condicionar un acuerdo en la Ley de Bases. También parece que Espert es parte de la casta y no quiere trabajar o está muy ocupado en los canales de televisión llamando a una rebelión fiscal”, arremetió el diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, al inicio del encuentro.
Los proyectos de los bloques mayoritarios coinciden en que las jubilaciones deben ser actualizadas en base al Índice de Precios del INDEC. Sin embargo, existe algunas diferencias en torno al mecanismo que se debe utilizar para compensar el “empalme” con la nueva fórmula.
En ese sentido, el proyecto de la Coalición Cívica propone un pago extra del 20,6% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación de diciembre y enero.
A instancias del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el oficialismo había contemplado durante el debate de la Ley Ómnibus una compensación de 10% correspondiente a enero, pero como ese mes la inflación superó el 20% casi todo el arco opositor consideró que era insuficiente. La diferencia representa unos USD 2 mil millones.
“Hay que tener en cuenta dos urgencias, la de los jubilados y la del déficit fiscal, que en el 2023 terminó en 15 puntos y es el origen de la inflación. Argentina no puede tomar más deuda ni aumentar impuestos, tampoco puede seguir emitiendo. No hay más caminos que ordenar las cuentas”, dijo María Eugenia Vidal (PRO) en un guiño al oficialismo. El proyecto de Vidal plantea una actualización por IPC y un adicional anual del 30% de la variación entre el RIPTE y el IPC. “Sería para no abrir el potencial de demandas porque hay fallos que dicen que tiene que estar incluida la variación salarial”, detalló la ex gobernadora.
Durante el debate varios diputados también plantearon la necesidad de terminar con todas las jubilaciones de privilegio: no solo las del Presidente y el Vice, sino también las del Poder Judicial y el Servicio Diplomático.
Por su parte, la diputada Gisela Marziotta defendió la fórmula actual -que se implementó durante el gobierno de Alberto Fernández- que combina RIPTE y recaudación. Sin embargo, reconoció que tiene efectos negativos en contexto de alta inflación, por lo que propuso una “cláusula gatillo” para compensar la inflación.
La falta de interés del oficialismo en debatir en el corto plazo una nueva fórmula de movilidad quedó evidenciada en la escasa presencia de diputados libertarios. Al inicio del encuentro solo había tres miembros de La Libertad Avanza y hacia el final del encuentro solo quedaba en su lugar el chaqueño Carlos García.
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