El Gobierno Nacional informó este lunes 18 de marzo que denunció penalmente al ex Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por fraude a la administración pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público, a raíz de su desempeño durante su paso por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
La presentación judicial fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, una de las funcionarias de extrema confianza del presidente Javier Milei. Surge luego de detectar, según informaron desde su ministerio, que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en contra de Pérsico en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como " juez y parte”, a la hora del reparto de fondos de ayuda social.
Pérsico es reconocido por ser el líder del Movimiento Evita. Durante su paso por el gobierno nacional, tenía a su cargo la administración de millonarias partidas de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones que, a su vez, buscaban contener la situación de pobreza en barrios y sectores precarizados de la ciudadanía. El movimiento que él fundó se encontraba entre los receptores de esos fondos.
Según la denuncia de la actual gestión, Pérsico aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.
“A raíz del descubrimiento de dicha condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y en distintos organismos estatales, el Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público, ya que su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, explicó en un comunicado la cartera que conduce Petovello.
“La Secretaría de Economía Social que encabezó Persico - prosigue-, ejerce la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los Convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo. Es decir que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento –y por ende con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Persico”, continúa el texto difundido en la jornada.
“Ese era el rol de Persico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés”, afirman entre las razones de la denuncia penal.
El comunicado hace notar que la sentencia de carácter administrativa contra Pérsico tuvo lugar antes del recambio de gobierno, es decir, cuando aún Alberto Fernández ejercía la presidencia y Pérsico su rol como funcionario de peso dentro de la administración.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, la nueva gestión planteó como principio la política de eliminar la intermediación en el reparto de la ayuda social que el gobierno vuelca con recursos públicos. Esto significó el recorte de todas las partidas que recibían organizaciones civiles, como las que los movimientos piqueteros administraban, que no formaban parte del Poder Ejecutivo.
En ese marco, el gobierno señaló, a través de la reciente denuncia, que Pérsico hacia exactamente lo contrario: en calidad de funcionario, adjudicaba fondos a un movimiento como el Evita, que conducía de facto él mismo.
“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, sostiene la denuncia.
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