Clelia Ávila, interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) de Chaco, designada por el gobernador Leandro Zdero, denunció un caso de “megacorrupción”. Fue luego de recibir más de 400 reclamos de beneficiarios que fueron estafados por dirigentes sociales durante la gestión del exmandatario provincial, Jorge Capitanich.
“Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos y las fundaciones sociales eran la herramienta que facilitaba el delito”, aseguró Ávila en rueda de prensa. Las sospechas involucran al expresidente del IAFEP, Mauro Andión, “el principal responsable del desmanejo”, según la funcionaria provincial.
Ante esto, la interventora del organismo confirmó que todas las personas involucradas en el hecho fueron denunciadas en el Poder Judicial, y puntualizó sobre la responsabilidad de Andión: “Tendrá que dar las explicaciones pertinentes”.
La funcionaria, en diálogo con Infobae, explicó: “Las denuncias básicamente son porque las personas estaban inscriptas como posibles beneficiarios, pero después, sin saber los motivos, los terminaron excluyendo para beneficiar a otros. Aseguran que las viviendas que eran para ellos, finalmente, terminaron en manos de los familiares de dirigentes de organizaciones sociales”.
“Creo que en la historia del Chaco no hubo una corrupción mayor como la del IAFEP. Me duele mucho decirlo, porque en una de las provincias más pobres del país, se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos”, sostuvo.
Asimismo, en la denuncia se describen irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y la ausencia de control de las mismas. Según Ávila, el IAFEP durante 2023 “contó con un presupuesto de $16.000 millones, de los cuales $15.000 millones se llevaron las organizaciones sociales”.
En ese sentido, dio a conocer un ejemplo de las irregularidades. “Uno de los casos que denunciamos, donde se tendría que haber hecho un galpón con fondos públicos, los inspectores de obra encontraron un salón de usos múltiples con quincho y pileta”.
“No existe una base de datos ordenada, ya sea por localidades u organizaciones sociales, que dieran cuenta del procedimiento que se utilizó para la adjudicación de 5.100 viviendas”, remarcó la interventora. Y agregó que el organismo “debería haber asistido a consorcios productivos y de servicios rurales y no destinó ni el 1% a productores chaqueños. El 93% fue a manos de fundaciones que no fueron constituidas a través de instrumentos públicos, sino a través de instrumentos privados”, manifestó.
En ese sentido, detalló: “Había ciertos dirigentes sociales que tenían favoritismo, ya que obtenían de forma rápida los desembolsos sin ningún tipo de requisito, control o reglamentación. A esas organizaciones, el pago se le realizaba rápidamente. Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos, hay organizaciones que aún están esperando los pagos. Sin embargo, había otras predilectas. No existió una reglamentación para selección de beneficiarios”.
Por otra parte, Ávila advirtió sobre una coordinación que se iniciaba en la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. “Se pasó en 7 años de 400 a 4.000 fundaciones. Estas organizaciones fueron la herramienta que facilitó el delito. El IAFEP firmaba un convenio con las organizaciones afines y se armaba un expediente muy rápido, mientras que para los beneficiarios estaba el Banco de Tierras listo para entregar”, dijo.
De hecho, la funcionaria aseguró estar sorprendida de que el Banco de Tierras le otorgó 20 parcelas en comodato a una persona, para que las entregara a quien crea conveniente. “Esto podría ser una grave irregularidad”, sostuvo. Y aclaró que cuenta con declaraciones de dirigentes sociales que aseguran que Andión y sus secretarios les solicitaban un porcentaje para realizar los desembolsos económicos.
“Estas irregularidades no se conocían públicamente, pero sí se conocía la situación, porque la gente en los barrios ya lo comentaba. De hecho, ya había algunas denuncias públicas por los medios de comunicación o por las redes”, concluyó la interventora.
El 19 de diciembre, el gobierno de Chaco anunció la decisión de intervenir el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), y nombró a Clelia Ávila. La medida se llevó a cabo, para realizar las auditorías correspondientes, tras recibir múltiples denuncias por irregularidades en el funcionamiento del organismo durante el periodo de gestión anterior.
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