Quién es Rodolfo Barra, el Procurador del Tesoro que eligió Milei para dotar de blindaje legal su plan de reformas

Con amplia experiencia jurídica en el ámbito del Estado y también en el privado, Rodolfo Barra será el nuevo Procurador General del Tesoro. Javier Milei se inclinó por este jurista de extenso recorrido, que integró la Corte Suprema de Justicia y que fue luego ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Tendrá la misión de dotar de blindaje legal al plan de reformas que pondrá en marcha el presidente desde el inicio de su gestión.

Ocupará un rol vital en el futuro Gobierno ya que será el encargado de coordinar a los abogados del Estado. Este abogado que se recibió en la Universidad Católica Argentina (UCA) en 1970, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Administrativo, a los 75 años, se transformará en una figura central de la estructura jurídica ya que Milei anunció durante su campaña electoral y en los días posteriores a su elección las intenciones de introducir reformas profundas en la estructura del Estado, con un programa de eliminación de ministerios, regulaciones de diferentes organismos y un paquete extenso de leyes que enviará al Congreso Nacional.

Barra nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1947, está casado y tiene tres hijos. Impulsado por Roberto Dromi, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, se había sumado a la administración de Menem ni bien asumió el 10 de julio de 1989 para conducir el proceso de privatizaciones de empresas públicas como ENTEL, Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos, entre otras, desde esa cartera. Como viceministro intervino en la elaboración de la Ley de Reforma del Estado, que se aprobó un mes más tarde.

Luego, tras un breve paso por Interior, en 1990 fue propuesto para integrar la Corte Suprema. Fue uno de los jueces que el entonces mandatario propuso para que el máximo tribunal pase de cinco a nueve integrantes. Renunció a ese puesto en 1993. Al año siguiente, fue uno de los convencionales constituyentes y ese mismo año Menem lo nombró ministro de Justicia, cargo al que renunció en 1996, después de una denuncia en la que se lo sindicaba como integrante en su juventud de la agrupación Tacuara, de orientación filonazi.

Tras ese alejamiento de la función pública se dedicó a la abogacía, asesoró a importantes compañías y mantuvo el vínculo con políticos del menemismo. Dio conferencias y seminarios tanto en el país como en el exterior y escribió varios trabajos en publicaciones especializadas. En 1998 lo designaron para conducir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Barra revalorizó durante los últimos años la experiencia y el proceso político que inició Carlos Saúl Menem, con reformas profundas que cambiaron la fisonomía y la matriz política, económica y social del país. Lo hizo, por ejemplo, tras la publicación del libro Los noventa, la Argentina de Menem, coordinado por Eduardo Menem y Carlos Corach, hace dos años, consignó en uno de sus párrafos: “Menem, con su revolución silenciosa (nunca fue pregonada como tal) corrigió de raíz aquella caótica situación, que ya no era producto de malos o desafortunados gobiernos sino de la estructura misma de la relación Estado-Sociedad. Menem sometió al gordo fofo a un entrenamiento y dieta intensivos, y consiguió, en poco tiempo, sin conflictos sociales y sin medidas autoritarias, un Estado delgado y musculoso que al año 1999 iba en camino seguro, aunque siempre difícil y con contratiempos, de llegar a lo que podríamos llamar una situación óptima de competitividad atlética”.

Cuando asumió el gobierno de la Alianza, con Fernando De la Rúa a la cabeza, Barra asumió como Auditor General de la Nación. En ese puesto se mantuvo hasta 2002. En 2020 reapareció públicamente en el debate que se dio en el Congreso sobre la Interrupción Legal del Embarazo. Se mostró como acérrimo opositor del proyecto a favor del aborto seguro y obligatorio, propuesto por el sector “celeste” que respaldaba las ideas de la Iglesia Católica.

“La vida humana es de la concepción. Todo ser humano es persona. Es la ley que nos rige y debemos cumplir y respetar. La despenalización es violatoria de la Constitución y de la Convención. El Estado tiene que hacer respetar los derechos”, dijo en esa oportunidad.