Sin convocatoria y a una semana de la fecha límite, el juicio político contra la Corte Suprema se encamina a quedar en la nada

“Sin novedades”. Los dieciséis diputados del oficialismo que integran la Comisión de Juicio Político por el momento no saben si la semana que viene avanzarán con el dictamen de acusación contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por “mal desempeño”.

El próximo miércoles 29 de noviembre es el último día habilitado para convocar a una reunión. Luego de esa fecha, la investigación que el bloque del Frente de Todos llevó adelante durante todo este año perderá validez.

La fecha límite originalmente era el 17 de noviembre, tres días antes del balotaje presidencial, razón por la cual el oficialismo aprovechó la prórroga de sesiones ordinarias para no generar tensiones innecesarias con el Poder Judicial en la recta final de la campaña.

De hecho, Sergio Massa había planteado públicamente que “no era el momento” de discutir el comportamiento de ningún juez supremo y el trabajo de la comisión lo ponía en un lugar incómodo dado que dos diputados del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, constituyen la mayoría oficialista en la comisión.

El juicio político contra la Corte Suprema comenzó el 26 de enero, hace casi once meses. Tras 25 reuniones y la declaración de 65 testigos el proceso entró en la recta final hace dos semanas con la notificación a los magistrados de las acusaciones provisorias en su contra y de las pruebas recolectadas para que puedan hacer su descargo.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del tribunal Carlos Rosenkrantz respondieron a las acusaciones por escrito. Con términos formales, los magistrados no solo rechazaron los argumentos del bloque kirchnerista, sino que hablaron de un “proceso teñido de irregularidades” que violó la garantía de defensa y que tuvo como fin removerlos por el contenido de sus sentencias.

“Este procedimiento apunta a condicionar o remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria”, dijo Rosenkrantz. “Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”, advirtió Rosatti. Los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti optaron por no contestar las imputaciones.

Fue el presidente Alberto Fernández el que, el 1 de enero, anunció la denuncia para los integrantes del máximo tribunal, días después de una medida cautelar que favoreció al Gobierno porteño en una demanda contra el Estado nacional por coparticipación. A eso, el oficialismo sumó acusaciones por el fallo del 2x1 que benefició a condendados por delitos de lesa humanidad, el manejo de la obra social del Poder Judicial y la resolución que puso en vigencia otra composición en el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.

La oposición sostuvo desde el principio que no se probó ningún caso de “mal desempeño” y que el proceso constituyó un embate contra el Poder Judicial. Además, las revelaciones de la causa de espionaje ilegal a jueces, políticos y funcionarios le permitió a Juntos por el Cambio cerrar filas y arremeter contra el diputado Rodolfo Tailhade, quien había recibido mensajes del espía detenido Ariel Zanchetta.

El PRO, la UCR y la Coalición Cívica denunciaron que Tailhade fue parte de una operación de inteligencia ilegal e insistieron con que el proceso contra los jueces de la Corte quedó “viciado” por maniobras de espionaje.

Por estas horas, los diputados del oficialismo esperan una señal política para saber qué ocurrirá con el proceso que les insumió innumerables horas de trabajo a lo largo del último año. “No hay orden”, se quejaron cerca de uno de los integrantes de la comisión.