Sin herramientas judiciales por delante, ocho integrantes de dos comunidades mapuches que ocuparon un valioso lote al pie del cerro Ventana, a 15 kilómetros de Bariloche, serán sometidos a juicio por el delito de usurpación, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los planteos que presentaron sus abogados defensores.
Se trata de siete integrantes de la Comunidad Lof Che Buenuleo y el lonko de la comunidad Pillan Mahuiza, Mauro Millán, a quien la querella cataloga como uno de los principales instigadores a la usurpación.
Sobre el revés judicial, Ramiro Buenuleo, uno de los imputados, dijo en diálogo con Infobae: “Lo tomamos con soda”. Y agregó: “Sabíamos que la Corte iba a rechazar nuestro planteo, su decisión no nos afecta en nada”.
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Buenuleo, además, deberá afrontar cargos por una amenaza de bomba que protagonizó para entorpecer una audiencia judicial por el mismo delito que se realizaba en el edificio de Tribunales de Bariloche, en septiembre de 2022. De acuerdo a la investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal, el imputado fue señalado como coautor de esa comunicación, motivo por el que se iniciaron actuaciones paralelas por intimidación pública.
“No voy a hablar de eso”, sostuvo el dirigente mapuche. La fiscal jefe Betiana Cendón explicó que esa amenaza de bomba “no afectó únicamente al proceso judicial en el que está involucrado la comunidad mapuche, sino que además perturbó el normal desarrollo de las audiencias que se realizaban en Tribunales, incluidos otros fueros o reuniones civiles”.
La Corte rechazó el recurso presentado por los letrados Fernando Kosovsky y Matías Schraer en representación de Mauro Millán, Nahuel Aucan Maliqueo, Nicolás Antonio Quijada, Lucas Emmanuel Dinamarca y Rosa Mabel Buenuleo y de Ezequiel Palavecino en representación de Claudio Javier Raile, Sandra Noemí Ferman y Ramiro Buenuleo.
Camino al juicio
El juicio oral y público se realizará a fin de octubre o principio de noviembre. Así lo aseguró Alejandro Pschunder, abogado querellante, quien expresó su conformidad con la decisión de la Corte.
“Los imputados se quedaron sin instancias de apelación. Lo próximo es el juicio y vamos por la condena de los ocho imputados”, aseguró el letrado de Emilio Friedrich, quien invoca la propiedad del predio.
Las defensas de los mapuches argumentaron que no cometieron delito y apuntaron a la caducidad de la persecución penal. El juzgado rechazó esos argumentos y las defensas apelaron esa decisión. Alegaron que, en base a la Resolución N° 90/2020, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el 21 de septiembre de 2020 se le había reconocido a la Comunidad Lof Che Buenuleo la “ocupación actual, tradicional y pública” de un territorio de 481 hectáreas.
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La comunidad permanece en el predio en litigio, en el que se produjeron numerosos enfrentamientos y sucesos violentos, producto de los cuales las autoridades judiciales de Río Negro ordenaron una custodia permanente a cargo de la Policía de la provincia.
Sus integrantes defienden la preexistencia en el lugar. Sin embargo, Antonio Buenuleo, extinto líder de la agrupación, comercializó de forma esporádica distintas porciones del terruño a diferentes compradores. Sus descendientes desconocen esas operaciones y por ese motivo se afincaron en la zona.
“Actuaba como un agente inmobiliario”, aseguran quienes tuvieron contacto con él. Sin embargo, sus sucesores ignoran esas operaciones inmobiliarias y quieren recuperar lo que ya fue vendido.
Los enfrentamientos
Desde 2019 hasta la actualidad, hubo numerosas denuncias cruzadas por episodios de violencia, amenazas y agresiones. La Justicia local condenó a varios hombres vinculados al dueño de las tierras por amenazar y lesionar a los integrantes de la comunidad mapuche el 29 de abril de 2020, además de provocar daños a una vivienda. Uno de los agresores condenados es, a su vez, querellante en la causa original.
Superados los enfrentamientos, los mapuches aseguran que no realizarán medidas hasta la fecha del juicio. “Confiamos en que los jueces se regirán por lo que dicen las leyes y no por interpretaciones personales, influencias políticas o intereses económicos”, señaló uno de los imputados. “Vamos a esperar el juicio en calma”, finalizó.
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