El Presidente se quedará en la Costa hasta el lunes mientras evalúa los escollos que enfrenta el pedido de juicio político a la Corte

Envalentonado y con tono vehemente, Alberto Fernández aludió al conflicto con la Corte Suprema en todas sus alocuciones de la última semana, que empezó con el ruido que provocó el anuncio del domingo 1 de enero de que impulsaría el juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal tras el fallo que favoreció a la Ciudad por la coparticipación. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten por lo bajo que tienen serias dudas de que el proyecto pueda avanzar en el Congreso. Los números están muy ajustados, no sólo para obtener dictamen y llevar el debate al recinto, sino para, siquiera, empezar a tratar el proyecto en comisión. Hay temor de que el barco que lleva el documento naufrague antes de empezar a navegar.

El Gobierno decidió dilatar la convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras que los principales alfiles del massismo y el kirchnerismo empezaron a marcar distancia política. No creen que puedan tener quórum, no sólo para el juicio a la Corte, sino para otras iniciativas, que caerían en saco roto antes de empezar a negociarlas en un clima político enrarecido.

El problema principal, luego de que la oposición dejara entrever que ni siquiera se presentaría en comisión, es que el oficialismo depende de que todos los diputados propios que la integran -en total son 16- se sienten para iniciar las discusiones formalmente. Pero, a medida que se acercaba el final de la primera semana del año, el Gobierno perdía las esperanzas de convencer a los seis gobernadores propios y afines de Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe. Mientras que Córdoba, si bien pertenece al PJ, está en las antípodas del albertismo y del cristinismo: en Balcarce 50 no se esperaba ni un tuit contra el máximo tribunal de parte de Juan Schiaretti.

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El proyecto está desde el miércoles en manos de los presidentes de la comisión Carolina Gaillard, y del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Pero si los legisladores de esas provincias actúan como los jefes de los Ejecutivos de sus tierras, el futuro inmediato de la iniciativa se vería negro.

En la Casa Rosada eran conscientes de antemano de las dificultades que conlleva impulsar un juicio político a los cuatro cortesanos por mal desempeño de sus funciones. Pero aún así, apostaban a reunir más apoyos de los que terminaron consiguiendo. En principio, cerca de la Navidad, hablaban de una mayoría de gobernadores en contra del fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad. Y así fue: casi todos se plegaron a criticarlo, en la línea de la Nación. Pero esas posturas, en muchos casos, fueron puramente declamativos y no se cristalizaron en acciones legales concretas.

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Presentado el proyecto ante los diputados propios -aunque curiosamente, no estuvo la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau-, el Presidente dejó en stand by por el fin de semana sus negociaciones con los caciques del interior del país que se muestran reacios, y se volcó de pleno hacia la Provincia de Buenos Aires, el otro centro gravitacional de sus preocupaciones de cara a las elecciones. Ayer desembarcó en Mar del Plata, donde se rodeó de los pocos ministros cercanos que le quedan, Gabriel Katopodis (Obra Pública), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), y convocó a un almuerzo con ellos y 17 representantes de los municipios para “empezar a plantear el año político”.

Llamativamente, también decidió participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se identifica con la órbita de Cristina Kirchner y se encuentra alejado del Presidente. La pelea con la Justicia, que el jefe provincial bonaerense apoya a destajo porque, en definitiva, su distrito es el único afectado directamente, los acercó en las últimas semanas.

También estuvo otra kirchnerista de la primera hora, Fernanda Raverta, dirigente marplatense, miembro de La Cámpora, que se perfila como candidata para los próximos comicios -a intendenta de General Pueyrredón, como en 2019, o como vicegobernadora en el intento de reelección de Kicillof- que aceptó formar parte de la actividad del primer mandatario a pesar de la pelea flagrante entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, jefa política de la dirigente local que ocupa el cargo de titular de la Anses desde 2019.

Si bien en el acto programado en La Feliz -la inauguración de un centro para la infancia- el Presidente dedicó un pasaje importante al conflicto con la Corte y con la Ciudad de Buenos Aires, el contenido de las charlas políticas privadas de la jornada no incluyó la coparticipación, sino que estuvo orientado a la pelea electoral que se viene.

En Mar del Plata, Alberto Fernández defendió su propia gestión, en la línea que sigue desde las últimas semanas en sus diálogos con intendentes, y pidió trabajar para sostener la unidad frente a Juntos por el Cambio, a pesar de las rencillas y la desconfianza que agrietan al Frente de Todos en la antesala del cierre de listas. Lo mismo le había dicho al jefe comunal Andrés Watson antes de fin de año, durante una visita a Florencio Varela. Aunque en su círculo aseguraron a Infobae que el jefe de Estado y presidente del PJ nacional ya no les “pide” defender la gestión, sino que les brinda argumentos para hacerlo. “Ellos saben lo que tienen que hacer”, deslizaron en Balcarce 50. Y confimaron que el Presidente prolongará su estadía en la costa. Se quedará en la residencia oficial de Chapadmalal durante el viernes, el sábado y el domingo, porque el lunes tiene previsto participar en un acto en Miramar.

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